PP-A considera una "afrenta" a los trabajadores públicos que la Junta pague el alquiler de vivienda a altos cargos

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, ha calificado de una "auténtica afrenta" a los trabajadores públicos que la Junta pague hasta 1.900 euros para el alquiler de altos cargos de la administración autonómica.
Carlos Rojas, Este Lunes En Rueda De Prensa
Carlos Rojas, Este Lunes En Rueda De Prensa
EUROPA PRESS
Carlos Rojas, Este Lunes En Rueda De Prensa

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Carlos Rojas, ha calificado de una "auténtica afrenta" a los trabajadores públicos que la Junta pague hasta 1.900 euros para el alquiler de altos cargos de la administración autonómica.

En rueda de prensa, Rojas ha manifestado que se trata, sin duda, de un "sobresueldo" de los altos cargos, mientras que la Junta no ha dudado en recortar las retribuciones de los empleados públicos.

"Una vez más el Gobierno está recortando a todos los trabajadores, pero no se está mirando a sí mismo y no está viendo la estructura que ha montado durante 30 años y de la que sí se puede recortar", ha indicado Carlos Rojas.

De otro lado, el dirigente popular ha anunciado que el PP-A defenderá una iniciativa en el Parlamento reclamando a la Junta que agilice el proceso de ejecución de los fondos reembolsables a empresas andaluzas porque de los 1.016 millones de euros presupuestados con ese fin desde 2009 y hasta la fecha, solo se han desembolsado 94 millones(un nueve por ciento).

Carlos Rojas ha manifestado que esos fondos reembolsables son fundamentales para muchas empresas y autónomos y, sin embargo, el Gobierno andaluz no está cumpliendo sus compromisos.

Ha expuesto que desde 2009 a 2011, hubo 480 solicitudes de financiación por valor de 524 millones de euros, mientras que de ellas, la Junta solo gestionó 377, de las que el 41 por ciento fueron denegadas, al tiempo que solo se llevaron a cabo operaciones financieras por valor de 50 millones.

Ha manifestado que estos fondos reembolsables han sido analizados por la Cámara de Cuentas y la Oficina de Control Presupuestario y se ha puesto de manifiesto que no están "siendo aplicados por la Junta, lo que supone un duro golpe para las empresas andaluzas".

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