Ayuntamientos y diputaciones reclaman al Estado modificar la Ley de Haciendas Locales para no cobrar las plusvalías a las personas desahuciadas, aunque les supondría dejar de ingresar millones de euros cada año. De hecho, sólo en el área de Barcelona se hicieron 36 ejecuciones hipotecarias diarias en 2011 con una media de 18 desahucios diarios, según la Diputación, que se podrían haber traducido en más de 15 millones de euros de recaudación por este tributo, que agrava todavía más el drama que viven miles de familias.

Este impuesto grava el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana y lo deben pagar los propietarios si se realiza una compraventa, pero también en ventas forzosas, subastas derivadas de la ejecución hipotecaria y daciones en pago. "Las familias se quedan sin vivienda, con una deuda astronómica y, encima, deben pagar la plusvalía", explica la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Coláis, quien considera que es un impuesto "absurdo" puesto que los precios de las viviendas se han desplomado desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La PAH reclama que se modifique la ley estatal para exonerar a los desahuciados, algo que se hubiera podido hacer mediante el Real decreto de buenas prácticas aprobado hace poco por el Ejecutivo central. En cualquier caso, y ante la obligación de cobrar la plusvalía a los desahuciados, algunos municipios y diputaciones del País Vasco y de Andalucía han empezado a bonificarla. El Papiol y Sant Feliu de Llobregat han sido los primeros en Cataluña. El primero no cobra a los desahuciados, porque "en la triste y difícil situación económica que viven, no se les ha de imponer un gravamen extra". Y hasta mayo, Sant Feliu ya había exonerado a 23 familias y había dejado de ingresar 53.000 euros. El 2011 se produjeron en Cataluña 13.727 ejecuciones hipotecarias y 6.789 desahucios.

Sant Cugat ha suspendido en 2012 la liquidación de las plusvalías, porque es un "caso flagrante de injusticia tributaria". Además, propone que sean las entidades financieras las que se hagan cargo del tributo. También lo reclama la Diputación, que exige declarar exentos los pisos afectados por ejecuciones.