Las defensas de varios exconcejales de Marbella (Málaga), acusados en el caso 'Malaya' contra la presunta trama de corrupción en dicha localidad, expondrán esta semana sus informes finales en el juicio. Entre ellos, está previsto que los letrados de la exalcaldesa Marisol Yagüe y la exsocialista Isabel García Marcos, expliquen a la Sala este martes sus argumentos.

Para el lunes día 2 de julio, está previsto que expongan los informes los abogados del empresario Carlos Sánchez; de Antonio Jimeno, cuñado del principal acusado y presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca; del exedil Emilio Jorrín y del empresario Antonio Celdrán.

Además, según han informado a Europa Press fuentes judiciales, se prevé ese día celebrar una vista sobre las causas que fueron objeto de deducción de testimonio a juzgados de Marbella, relativas, en su mayoría, a convenios urbanísticos, con el fin de escuchar a todas las partes sobre esas diligencias judiciales. Lo que no está determinado es en qué momento de la mañana se celebrará la vista.

Para el martes día 3 está previsto que presenten sus informes finales las defensas de Yagüe, para la que se solicita 16 años de prisión; y de García Marcos, que se enfrenta a una petición de 12 años de cárcel, acusadas ambas por la Fiscalía Anticorrupción, entre otros delitos, de prevaricación administrativa, cohecho o alteración del precio de concursos o subastas.

Las previsiones son que también informen ese día los abogados de los exediles Rafael González y Vicente Manciles y del empresario Máximo Filipa; y el miércoles, los letrados de los exconcejales Tomás Reñones, Carmen Revilla, José Luis Fernández Garrosa y José Jaén, el del secretario Leopoldo Barrantes, el del funcionario judicial Francisco Ramírez Olivera y el del empresario Enrique Ventero.

Según la acusación pública, la posición de Roca en el Ayuntamiento con Yagüe como alcaldesa le permite "continuar recaudando importantes cantidades de dinero por parte de los promotores en pago de los convenios urbanísticos o por las diferentes resoluciones administrativas derivadas de los mismos —concesión de licencias de obra y de primera ocupación, y a veces por omisiones—.

Además, se señala que "se sirve de su especial posición en el Ayuntamiento para beneficiar a determinados empresarios amigos a costa del patrimonio municipal" —enajenación de inmuebles o venta de aprovechamientos de propiedad municipal por debajo de su valor—, "a cambio de la pertinente comisión o dádiva a su favor, o incluso, a veces, asegurándose una participación en el negocio final".

Esos fondos eran supuestamente "repartidos, destinando una parte de ellos a retribuir a las autoridades y funcionarios municipales, consiguiendo de ese modo que se limitaran en todo momento a aprobar todo lo que les propusiera por el referido procesado, sin oponer objeción alguna", señala el ministerio público en su escrito de conclusiones definitivas.