De los 3.000, no todos ejercerán de jurado porque la Audiencia deja una lista de suplentes. Citarán por turnos a los seleccionados cuando se aproxime cada juicio con jurado. Sólo por ir, cobrarán 30 euros en el caso de que sean descartados.

Los nueve (más un reserva) que compondrán el jurado en cada juicio percibirán 60 euros diarios. Los abogados y el fiscal les harán varias preguntas. Si consideran que no son imparciales, los rechazarán.  Los elegidos también podrán no ir si son mayores de 65 años, si han sido jurado en los cuatro años anteriores, si tienen cargas familiares importantes o si son insustituibles en sus trabajos.

Además, valen como justificaciones ser militar o cualquier causa que dificulte «gravemente el desempeño de la función de jurado».

No podrán tener esta misión ni el alcalde, ni los concejales, ni jueces, fiscales ni aquellas personas que presten servicios para la Administración de Justicia. Tampoco, abogados ni profesores que impartan clases jurídicas o médicas, ni funcionarios de prisiones ni responsables diplomáticos.

La función del jurado es declarar probado o no probado el supuesto delito enjuiciable y proclamarán la culpabilidad o no de cada acusado. Podrán juzgar delitos de homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, incendios forestales,  cohecho o allanamiento de morada, entre otros.

Reservan hoteles por si acaso

El Tribunal de Jurado reserva hoteles y comida como medida preventiva por si los miembros del jurado no se ponen de acuerdo entre ellos y necesitan más tiempo para deliberar, «aunque eso no suele ocurrir y tardan una jornada», según fuentes judiciales.

Raquel, estudiante. 13 años. «A mí no me gustaría nada que me eligieran jurado popular porque no me va nada eso de los juicios, ni de los casos raros. La verdad es que yo no iría o intentaría poner miles de pegas para que no me cogieran».

Crístofer, funcionario. 31 años. «Mira, a mí me pagan por mi trabajo y lo hago encantado. A los jueces seguro que les pasa lo mismo. Ellos deben ser quienes juzguen porque tienen los conocimientos necesarios para realizar esa labor».

Merce, enfermera. 25 años. «Yo no quiero, primero, porque me moriría de la vergüenza y segundo, porque no podría vivir con el remordimiento de saber si lo que he hecho es correcto o no. Estamos hablando de meter a una persona en la cárcel».