El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana recomienda a la Conselleria de Educación, Formación y Ocupación que "adopte todas las medidas que sean necesarias, incluyendo las presupuestarias, para garantizar el derecho de los alumnos a la continuidad en los niveles de ESO y Bachillerato de la modalidad lingüística en valenciano seguida en Educación Primaria".

Igualmente, el defensor del pueblo valenciano sugiere al departamento que dirige María José Català "que proceda a hacer un estudio de la demanda real y efectiva que permita ofrecer en ESO tantas plazas en valenciano como alumnos matriculados en sexto de Educación Primaria en esa lengua".

En la misma línea, la institución aboga por que se promuevan "las actuaciones necesarias porque el personal docente tenga los conocimientos suficientes para impartir la docencia en valenciano en todos los niveles educativos".

Así figura en una recomendación elaborada por el Síndic, y consultada por Europa Press, motivada por una queja en la que se exponía que, mientras que en Primaria hay 138.223 alumnos que estudian valencianos —en los programas PEV o PIL—, solo 58.626 pueden continuar sus estudios en la lengua propia al pasar a la ESO y, por tanto, casi 80.000 adolescentes no tiene la posibilidad de escoger.

Por su parte, la Conselleria argumentó, entre otras cuestiones, que "es absolutamente errónea la afirmación que 79.697 alumnos que han estudiado en valenciano en Primaria (...) no han tenido la posibilitado de escoger esta opción en la ESO porque, según la normativa actual en vigor, los programas de Enseñanza en Valenciano y de Inmersión Lingüística iniciados en las etapas de Infantil y Primaria, continúan de manera coherente en el Programa de Enseñanza en Valenciano en Educación Secundaria Obligatoria y por esa razón, al llegar el proceso de admisión de alumnos las familias vuelven a tener la opción de elegir la modalidad lingüística preferida". Además, recordaba que existen "muchos más centros de Infantil y Primaria que de Secundaria".

Tras estudiar las alegaciones de uno y otro y de analizar los datos recabados, el Síndic aprecia que "no en todos los centros públicos y concertados se garantiza el mandato estatutario del derecho a una enseñanza en valenciano a todo el alumnado que lo desee, y con los datos ofrecidos por la propia Conselleria de Educación se evidente la existencia de cierto desequilibrio de la oferta de programas de enseñanza en valenciano en ESO, puesto que muchos centros adscritos no ofrecen los programas PEV o PIL o no brindan suficientes plazas para cubrir la demanda preexistente en Educación Primaria".

"Otras veces —continúa la recomendación— el desequilibrio o la imposibilidad de que los alumnos que optaron, en Educación Primaria, por programas de educación en valenciano (PEV o PIL) puedan elegir esta opción en ESO, se debe a que no está prevista la catalogación lingüística de plazas docentes en ESO, a diferencia del que ocurre en Educación Primaria".

"guerra de cifras"

Una "situación idéntica", constata el defensor del pueblo valenciano, "se produce en bachillerato (sin entrar en una guerra de cifras, atendiendo a las diferencias entre las suministradas por la administración educativa y las de los promotores de la queja".

En consecuencia, el derecho de los alumnos a la continuidad en ESO y Bachillerato de la modalidad lingüística seleccionada en Educación Primaria "no parece garantizado, puesto que, en muchos casos, deberán cursar la ESO y el Bachillerato en un programa lingüístico diferente al elegido por sus padres al inicio de su escolarización y se estaría vulnerando el derecho a que la administración garantice la continuación de la escolarización del alumnado en el programa en el cual se esté matriculado en el centro adscrito", concluye.