El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que en la fase procesal en la que se encuentran las investigaciones en torno al Instituto Nóos no se ha considerado la posibilidad de alcanzar conformidad alguna con el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, ni con ninguna de las otras partes investigadas en el proceso, al aseverar que las pesquisas aún se encuentran en fase de instrucción por lo que no es el momento oportuno para llegar a ningún tipo de acuerdo en este sentido.

En declaraciones a los medios tras su intervención en el marco de las jornadas 'La presunción de inocencia y los juicios paralelos', que organizan la Fundación Fernando Pombo y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y que se celebran hasta este viernes en Santander, el máximo representante del Ministerio Público ha precisado que, en el caso de adoptarse esta decisión, ello se produciría tras haber sido escuchadas las propuestas que las defensas pudieran realizar a las acusaciones.

Además, ha aseverado que de ser así, el acuerdo que se adoptase con las partes se enmarcaría dentro de los límites que la Ley establece para las conformidades. El Fiscal General ha manifestado que será una vez concluida la instrucción cuando se valore si los hechos indagados en este procedimiento son constitutivos de delito, en cuyo caso se calificarían como tal en el escrito de acusación que presentase la Fiscalía y se solicitarían las penas pertinentes para cada hecho delictivo que se apreciara cometido.

Por ahora, la Fiscalía Anticorrupción se encuentra estudiando la posibilidad de solicitar una fianza de responsabilidad millonaria para el yerno del Rey Don Juan Carlos una vez que la Agencia Tributaria aporte al caso Nóos el informe que solicitó el juez instructor, José Castro, en torno a los ingresos percibidos por el yerno del Rey Don Juan Carlos, lo que ayudará a cuantificar el dinero presuntamente defraudado a través de su entidad sin ánimo de lucro.

Así, el Ministerio Público, una vez haya analizado el contenido de esta documentación, procederá a calcular la cantidad de la caución que los fiscales pidan al magistrado, si bien se estima que la cifra podría alcanzar al menos los dos millones de euros, según apuntaron fuentes jurídicas a Europa Press.

Por ahora, los investigadores apuntan que Urdagarin y su exsocio Diego Torres encabezaron una trama a través de la cual se habrían apoderado de 5,8 millones de los fondos públicos que percibió Nóos. En concreto, falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales son los delitos que se indagan en este fleco del caso Palma Arena, uno de los 26 que componen este complejo procedimiento judicial.

Las acusaciones consideran a ambos encausados responsables de urdir un entramado societario cuando los dos estaban al frente de Nóos con el fin de hacerse con los fondos públicos y privados que recibía la entidad. Para ello, fijaban precios totalmente desproporcionados por los servicios que prestaban a la Administración y posteriormente simulaban trabajos ficticios a mercantiles del entramado societario de Nóos. Cantidades que acababan presuntamente así en manos de empresas controladas por los dos imputados.