El Grupo Provincial de Izquierda Unida en la Diputación de Valladolid propondrá en el Pleno de este viernes, 29 de junio, el apoyo de la Corporación a la Iniciativa Legislativa Popular que plantea la regulación de la dación en pago de paralización de los desahucios y de alquiler social.

Como han recordado fuentes de IU en un comunicado, a esta iniciativa se han sumado decenas de asociaciones de la provincia como "actores activos de una de las más altas fórmulas de participación que prevé la Constitución", como han definido a l Iniciativa Legislativa Popular.

El texto propone dar apoyo al proceso de recogida de firmas que haga posible la discusión parlamentaria de una reforma de la ley, a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos, una moratoria inmediata de los desahucios y la conversión de las hipotecas en alquiler social, como medida de mínimos destinada a garantizar el derecho a la vivienda de las personas afectadas por ejecuciones hipotecaria.

Se reclama también facilitar el proceso de recogida de firmas de las personas y entidades en la provincia, poniendo a su disposición el uso de equipamientos públicos y recursos, hacer público este acuerdo en la provincia a través de las vías de comunicación ordinarias de que dispone la Diputación y dar cuenta de estos acuerdos a la Comisión promotora de la Iniciativa Legislativa Popular.

IU ha recordado que la buena noticia de esta ILP no es sólo que las asociaciones se lancen a probar esta fórmula de participación, sino que además, supone una "alegría" ésta se realice para "poner soluciones a uno de los grandes dramas que asola la provincia", como los desahucios y la falta de vivienda.

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo en el 2007 y el tercer trimestre del 2011 se han producido en España 151.369 procesos de desahucio como consecuencia de los más de 328.000 procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados.

Esta legislación que permite que las entidades financieras se adjudiquen las viviendas por el 60 por ciento del valor de tasación no sólo es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, sino que además era desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios muchas veces con información insuficiente y engañosa.

IU ha considerado "inadmisible y totalmente injusto" que en un Estado social y democrático de derecho que recoge el derecho a una vivienda digna y adecuada a través de mandato constitucional, todas las consecuencias de la crisis recaigan sobre la parte más vulnerable del contrato hipotecario.

"Los efectos dramáticos se concretan en el ámbito municipal, puesto que es a los servicios sociales de las administraciones locales donde se dirigen mayoritariamente las personas y familias afectadas en busca de ayuda", han señalado en el comunicado.