El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, defenderá en el pleno de este viernes una moción en la que solicita la elaboración por parte del consistorio de un censo de viviendas de propiedad municipal vacías en Valencia para posteriormente ponerlos a disposición pública mediante un alquiler social.

Asimismo, reclama la redacción de un plan de acceso a la vivienda para las familias que han sufrido desahucios que contemple unos criterios de priorización basados en la renta. También pide que el Ayuntamiento apoye la Iniciativa Popular Legislativa impulsada por la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca.

Sanchis, en un comunicado, ha destacado que "con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite que no les permite cubrir las necesidades más básicas, entre ellas, una vivienda".

Para el edil, "el número de familias afectadas por las ejecuciones hipotecarias aumenta día tras día y ante esta situación las familias no sólo se enfrentan a la pérdida de su vivienda sino también a una condena financiera para toda la vida que se traduce en una condena a la exclusión social y la economía sumergida".

Amadeu Sanchis ha explicado que el pasado año se cerró "con un nuevo récord negativo" en la Comunitat Valenciana. "Habíamos alcanzado, una vez más, el escalón más alto del podio en cuanto a destrucción de derechos de la ciudadanía se refiere", ha manifestado.

"A la deficitaria Sanidad y Educación se unía ahora encabezar la lista estatal de personas y familias desahuciadas en 2011, año en que más expedientes de desahucio se procesaron en nuestra historia", ha asegurado el dirigente de izquierdas.

"situaciones dramáticas"

EUPV considera que el Ayuntamiento, como institución más cercana a la ciudadanía, "tiene que dar respuesta a las situaciones dramáticas que muchas familias de nuestra ciudad están sufriendo", ha dicho Sanchis

El grupo municipal de EUPV considera necesario "dar un paso adelante" y poner al alcance de las familias que han sido desahuciadas o que están en proceso de desahucio las viviendas públicas que están vacías en la ciudad para evitar situaciones de exclusión social.

"En los tiempos de crisis que estamos viviendo no es fácil de explicar que mientras que familias se quedan sin viviendas, haya una bolsa de viviendas públicas de propiedad municipal deshabitadas, aumentando así, el riesgo de exclusión social y, por tanto, se trata de priorizar la solidaridad y cohesión social", ha concluido Sanchis.