El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha aclarado este jueves que la denuncia interpuesta por funcionarios de la Delegación en Huelva de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo se debe a "discrepancias técnicas" en el procedimiento de tramitación de un permiso de puesta en marcha de una planta de tratamiento de aguas por parte de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa).

Así se ha pronunciado el consejero del ramo, en el marco de una pregunta oral formulada en el Pleno del Parlamento andaluz por el PP-A en relación a supuestas presiones de altos cargos de la Administración autonómica en la tramitación de un proyecto de aguas por parte de la empresa Matsa.

"Se trata de una discrepancia sobre la que determinados funcionarios han decidido, en el uso del derecho que les ampara, denunciar ante la Administración de justicia, que será la que se pronuncie", ha señalado Ávila, quien ha apuntado que el Gobierno andaluz siempre defiende "el estricto cumplimiento de la ley".

Asimismo, el consejero del ramo ha incidido en que la Junta de Andalucía va a apoyar proyectos que sean "sostenibles" desde una perspectiva económica, social y medioambiental. En relación a la empresa Matsa, ha destacado que esta compañía está generando empleo, con 460 trabajadores en plantilla.

Por su parte, la diputada del PP andaluz Alicia Martínez ha recordado al comienzo de su intervención que en esta empresa trabaja Paula Chaves, hija del expresidente de la Junta Manuel Chaves, por lo que ha considerado que esta información no supone "ninguna casualidad, sino un hecho muy curioso".

Martínez ha explicado que los funcionarios de la Delegación de Huelva han denunciado que la empresa "omite tramites obligados para limpiar su actividad en la explotación de la mina, como por ejemplo, un plan para evitar la contaminación del suelo y de las aguas. Tampoco se ha presentado el tratamiento de los residuos o la información necesaria para elaborar un plan de emergencia exterior.

"Existen estudios que confirman que hay metales pesados en el agua del interior de la explotación, como el arsénico y el mercurio", ha afirmado la diputada 'popular', quien ha advertido de que la Junta ha nombrado directora general a la entonces delegada de Economía, "quien realizó y permitió las supuestas presiones y amenazas". Por ello, ha pedido a la Junta que aclare este nombramiento.