Cantabria "ya está preparada" para aplicar a partir del 1 de julio el copago farmacéutico tras un proceso que, según la Consejería de Sanidad, se ha desarrollado "en un tiempo récord" y ha requerido "un importante esfuerzo técnico, humano y de gestión" del Servicio Cántabro de Salud y "la imprescindible colaboración" del Colegio de Farmacéuticos y las farmacias.

En un comunicado, la vicepresidenta y consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, ha anunciado que "Cantabria llegará a tiempo" y está ya en condiciones de aplicar los nuevos criterios de aportación —en función de la renta— desde el momento de su entrada en vigor, tras una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

En esta reunión, se ha avanzado en el desarrollo del Real Decreto de medidas urgentes aprobado el 20 de abril "para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública".

Usos fraudulentos de la tarjeta de pensionista

Según el Gobierno regional, la adecuación a los nuevos niveles de aportación ha obligado al SCS a revisar la situación de las 570.071 personas que tienen tarjeta sanitaria, de acuerdo con sus propios datos y los suministrados por la Seguridad Social y el Ministerio de Hacienda.

Ha señalado que se trata de un proceso que no se realizaba en España desde hacía once años.

En este proceso, el SCS ha identificado a 1.817 trabajadores activos que compraban medicamentos con tarjeta sanitaria de pensionista y a 10.732 personas que figuraban como beneficiarios a pesar de cumplir todos los requisitos para ser titulares de una tarjeta sanitaria, como trabajadores activos. A todos ellos, se les ha expedido una nueva tarjeta sanitaria.

El Servicio Cántabro de Salud asignará un código de aportación a todos los ciudadanos con tarjeta, que figurará en el sistema de receta electrónica, de manera que las farmacias sabrán automáticamente qué porcentaje del medicamento tienen que cobrar al usuario, que no tendrá que hacer un solo trámite.

A efectos de prescripción, los facultativos de Atención Primaria podrán acceder a los datos sobre el tipo de aportación a través del OMI, el sistema informático de pacientes e historias clínicas, mientras que los de Especializada podrán hacerlo mediante el visor de Historia Clínica.

Todos los profesionales han sido informados sobre la aplicación de los nuevos niveles de aportación mediante una circular interna. Además, el SCS ha elaborado una guía para profesionales y un cuestionario con las preguntas más frecuentes de los usuarios y las respuestas que se distribuirá en las oficinas de farmacia y en los servicios de admisión de los centros de salud y de los hospitales.

El personal de los servicios de admisión ha recibido formación específica.

Los ciudadanos también pueden consultar sus dudas en el servicio de información al ciudadano 012, que atiende de 9.00 a 21.00 horas, de lunes a viernes, y de 9.00 a 14.00, los sábados.

Las reclamaciones se pueden presentar en los servicios de atención al usuario de Atención Primaria, de Especializada y de la propia Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales ha dispuesto estos mecanismos porque, a pesar de que, a su juicio, se ha actuado con "anticipación", prevé que durante los primeros días de aplicación de la medida se produzcan "algunas incidencias, por la envergadura de los cambios y la complejidad de la administración sanitaria".

Nuevos niveles de aportación

De acuerdo con el Real Decreto, las rentas superiores a los 100.000 euros pagarán el 60 por ciento del precio del medicamento y los trabajadores en activo con una renta inferior a 100.000 pero superior a 18.000 el 50 por ciento, en lugar del 40 por ciento que pagan ahora, un porcentaje que se mantiene para las rentas inferiores a los 18.000 euros anuales.

Los pensionistas abonarán un 10 por ciento del precio de los medicamentos, pero con un límite mensual de 8 euros cuando su renta no supere los 18.000 euros anuales y de los 18 si supera esa cantidad.

Quedan exentos los perceptores de una pensión no contributiva (6.287 personas), los parados de larga duración (23.415) y los 3.000 perceptores de la Renta Social Básica.

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales calcula que "la mayoría" de los 132.788 pensionistas registrados en Cantabria a 1 de junio "pagarán como máximo 8 euros al mes", dado que la pensión media se sitúa en la comunidad autónoma en 863,10 euros.

A los pensionistas que superen el tope mensual de aportación, fijado en 8, 18 y 60 euros, según el nivel de renta, se les reembolsará en la cuenta bancaria en la que tenga domiciliada la pensión o en la que determine el usuario, de acuerdo con un procedimiento aprobado anoche por el Consejo Interterritorial de Sanidad que Cantabria ha respaldado y, por lo tanto, va a aplicar.

El abono se efectuará cada tres o cada seis meses, según el criterio que deberá fijar cada comunidad autónoma. En cualquier caso, si la cantidad a reintegrar es igual o inferior a los 7 euros, se acumulará a la cantidad a devolver en el siguiente periodo de reintegro.

No obstante, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado establecer un tope máximo de aportación mensual de 30 euros para los pensionistas, de manera que cuando un usuario alcance esa cantidad, no pagará las sucesivas recetas del mes.

Esta medida podrá aplicarse en las comunidades autónomas que, como Cantabria, tienen implantado el sistema de receta electrónica.

"éxito de gestión"

Sáenz de Buruaga ha señalado que, durante el proceso de adecuación, se ha puesto a prueba la capacidad de gestión del sistema sanitario público, que, a su juicio, "ha respondido".

La consejera ha defendido que esta medida es "más justa, más equitativa y absolutamente necesaria para la sostenibilidad del sistema".

Además, ha añadido, ha servido para destapar y mejorar el control, evitar el fraude con lo que es de todos e introducir mecanismos de gestión para evitar que se vuelva a repetir.