Una treintena de colectivos entregará este viernes, a las 11.00 horas, en el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón un manifiesto en el muestran su malestar por el recorte de becas para comedor y para la adquisición de material curricular "que va a afectar a un gran número de familias de manera injusta y desproporcionada".

El manifiesto precisa que en la situación de crisis actual muchas familias van a ver mermadas las posibilidades de llevar a sus hijos al comedor escolar" y de poder comprar el material escolar necesario "porque no pueden hacer frente a los gastos mínimos mensuales".

Según han apuntado, las consecuencias de esta "desproporcionada supresión de ayudas" llegarán en septiembre a los centros, "cuando veamos como un gran número de familias no podrá hacer frente a estos gastos".

En este sentido, se han referido a un informe presentado recientemente por UNICEF que alerta sobre el impacto de los recortes establecidos por las Administraciones en la calidad de vida de los niños, de su alimentación y educación, así como en el acceso a tratamientos médicos, "llegando a ser 2,2 millones los que viven en pobreza relativa en España, el cuarto país de la Unión Europea con la proporción más alta de niños y niñas pobres".

Los firmantes del manifiesto han asegurado que "estamos completamente en contra de un mundo donde se establecen planes desorbitados de ayuda a entidades bancarias con nuestros impuestos, mientras muchos niños y niñas que viven en nuestro país no tienen garantizada al menos una alimentación básica al día en los centros educativos".

Igualdad de oportunidades

Los colectivos firmantes del manifiesto han explicado que las nuevas órdenes que regulan estas cuestiones "transgreden el principio de igualdad de oportunidades y de acceso al sistema educativo y vulnera los derechos de aquellas personas que quedan excluidas del proceso de solicitud de las ayudas por carecer de domicilio fiscal o documentación en vigor, como el Documento Nacional de Identidad (DNI) o el Número de Identidad de Extranjero (NIE)".

Al respecto, se han preguntado si "puede una orden rebajar y lacerar derechos reconocidos en leyes orgánicas", para subrayar que dichas órdenes han establecido "criterios excluyentes" para el acceso a las ayudas que "vulneran" la Ley Orgánica de Educación (LOE).

En este sentido, han precisado que la ley señala que con el fin de hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación, las Administraciones públicas "desarrollarán las acciones de carácter compensatorio en relación con las personas y grupos que se encuentren en situaciones desfavorables y proveerán los recursos económicos y los apoyos precisos para ello".

Asimismo, estos colectivos han cuestionado por qué se necesita esta documentación si no es requisito para escolarizar a un niño en cualquier centro de la Comunidad autónoma.

Igualmente, han apuntado que "un nuevo cambio" que "dificulta" el acceso a las ayudas es el hecho de que las listas provisionales —con diez días hábiles de plazo para subsanar defectos y reclamar— serán publicadas en la página web del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y en los tablones de anuncios de los diferentes Servicios Provinciales y no en los centros.

A su entender, "esto obstaculiza el acceso a la información para muchas personas, especialmente aquellas que más dificultades tienen para contar con medios informáticos y para la comprensión de los mismos". Por otra parte, el propio proceso "se complica" al tener que incluir unos códigos "que dificultan aún más" el acceso a la comprobación de las ayudas por parte de las familias.

Desaparece la notificación individual

Estos colectivos han criticado que las listas definitivas se vayan a publicar en el Boletín Oficial de Aragón y en la página web del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, pero no en los servicios provinciales, ni en los centros y que esta publicación sustituya a la notificación individual, algo que "generará situaciones de desconocimiento de la concesión a muchas familias que no tienen acceso a tales vías de comunicación".

Además, "el papeleo que se ha de rellenar es complejo para ciertas personas y ha supuesto un exceso de trabajo para los equipos directivos en centros públicos con este perfil de alumnado, que han estado destinando buena parte de su horario a trabajos administrativos en detrimento de su función docente".

Por otra parte, las becas se asignarán en función de datos fiscales correspondientes a los ingresos del año 2010 para aplicarlos en el curso 2012-2013, "sin valorar que la situación económica de un número elevado de familias ha cambiado considerablemente en estos dos años".

Estos colectivos han indicado que el presupuesto destinado para las ayudas de comedor "está condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el año 2013" y se han preguntado si las familias adelantarán el pago hasta que se aprueben los presupuestos del 2013.

En esta línea, han argumentado que es "doloso" que a las familias que se les reconozca el derecho a beca de comedor "no podrán hacer uso de ésta los períodos de septiembre y junio que comprendan jornada lectiva continua ya que la beca da derecho a hacer uso del comedor escolar del centro en el que se está escolarizado y debe comprender la totalidad del curso escolar como ocurre actualmente".

Mundo rural

Igualmente, han estimado que "se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades en el mundo rural" recogido en la LOE al suprimir el derecho a comedor gratuito a los alumnos transportados del medio rural en los meses de septiembre y junio.

También han calificado de "desproporcionada" la subida de este servicio, tanto en meses como en días sueltos, que es del 25 por ciento, "dificultando así a numerosas familias el uso del mismo en tiempos de crisis económica en los que muchas de ellas tienen problemas para afrontar gastos necesarios como el del comedor escolar".

Asimismo, han reclamado que los comedores de los centros privados concertados "estén regulados por la misma normativa que los centros públicos" y que se contemple al alumnado fuera de plazo para que también puedan acceder a las ayudas ya que "la orden los excluye por el plazo de presentación de solicitudes".

COLECTIVOS

Los colectivos firmantes de este manifiesto son la Asociación de Estudiantes de Aragón; la Asociación Feminista Desideria Giménez; la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de Aragón; la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos; la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Aragón y las asociaciones de vecinos del barrio de San José y 'Manuel Viola' de Delicias.

Asimismo, la Asociación Zarabene; el Colectivo Asambleario de Trabajadores de Aragón; el Comité Ciudadano Antisida de Aragón; la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza; la Federación Aragonesa de Solidaridad; la Fundación Internacional de Solidaridad Compañía de María; la Plataforma de Inmigrantes de Aragón; la Red de Apoyo a Sin papeles de Aragón; SOS Racismo Aragón y la Unión de Consumidores de Aragón.

Igualmente, el Movimiento Ciudadano de Apoyo a los Mineros, el Movimiento Hacia Un Estado Laico; la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón; Marea Verde Aragón-Asamblea de Docentes por la Educación Pública.

Finalmente, los suscriben el Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Izquierda Unida de Aragón y las Juventudes Socialistas del Altoaragón, así como los sindicatos UGT, Comisiones Obreras, CSIF, CGT, la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Aragón.