La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y las comunidades autónomas han fijado en 425 los medicamentos que dejarán de ser financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS), lo que hará que los enfermos que deseen comprarlos -o que los adquieran mediante receta médica- deban abonar su coste completo.

La medida, según confirmó la propia ministra al término de la reunión con todos los consejeros regionales de Sanidad, entrará en vigor en el mes de agosto e incluirá excepciones para enfermos crónicos y casos especiales. Además, el catálogo de medicamentos excluidos será revisable. El Ministerio, según Mato, vigilará que las empresas farmacéuticas no aprovechen para subir los precios de estos compuestos.

Sanidad asegura que los medicamentos que salen del conocido como Nomenclátor son compuestos obsoletos o ineficaces para dolencias menores que tienen su contrapartida en otros cuyo precio seguirá siendo financiado con fondos públicos.

Sin embargo, los consejeros catalán y andaluza del ramo, Boi Ruiz y Mar Moreno, respectivamente, criticaron a la salida de la reunión que el Ministerio ni siquiera ha dado una lista, sino los 19 grupos terapéuticos afectados. Entre estos están los tratamientos para el exceso de secreción gástrica, antidiarreicos, para las vías respiratorias, las contusiones o las irritaciones de la piel. Ello incluye fórmulas populares como el Almax, el Voltarén o el Bisolvón.

Sanidad tampoco ha aclarado si los usuarios pagarán el mismo precio por los medicamentos que sustituirán a los que tomaban hasta ahora.

Para elegir los grupos terapéuticos, Sanidad ha optado por incluir en la lista aquellos que habían sido señalados por al menos tres comunidades autónomas.

Ante las reticencias de Cataluña, País Vasco o Andalucía a aplicar la medida, Ana Mato recordó que la normativa estatal es de obligado cumplimiento.

La consejera andaluza, Mar Montero, explicó que la ley de estabilidad presupuestaria impide a las autonomías endeudarse más allá del límite establecido, por lo que solo en caso de disponer de fondos, las comunidades podrían abonar la diferencia de los medicamentos excluidos para que el coste no fuese sufragada directamente por el enfermo a la hora de comprarlos. País Vasco estaría entre ellas.

Precisamente País Vasco y Andalucía insisten en reclamar al Estado que se abra un tiempo de debate con la participación de los profesionales sanitarios y las sociedades científicas ya que "cualquier mecanismo de revisión de medicamentos debería tener como criterio principal el experto, el de los médicos y farmacéuticos", según la responsable andaluza.

En cuanto al reembolso de las cantidades a los pensionistas, que a partir de ahora tendrán que abonar el 10% del precio de los medicamentos, el nuevo sistema establece unos límites de 8, 18 y 60 euros al mes en función de la renta. Cuando se superen, los servicios de salud reintegrarán de forma automática las cuantías aportadas de más en la cuenta corriente donde el usuario tenga domiciliada su pensión.

Sólo en el caso de retirar las prescripciones fuera de su Comunidad Autónoma tendrá que presentar las recetas y los tickets de pago. El reembolso se efectuará en un plazo de entre tres y seis meses.

La reunión de este jueves también sirvió para avanzar en la definición de los nuevos repagos que el Gobierno quiere instaurar en las prótesis ortopédicas y los productos dietéticos terapéuticos.

Estos últimos ya tenían fijados precios máximos, por lo que el objetivo era igualarlos entre comunidades. En su caso, seguirán siendo financiados al 100% los productos destinados a procesos de larga duración sin alternativa médica nutricional. Los productos de nutrición enteral tendrán aportación reducida. A partir de ahora, quienes consuman productos para tratamientos alérgicos deberán abonar el 100%. Sanidad espera ahorrar en este apartado 45,2 millones de euros, un 13% del coste actual.

Con respecto a los ortoprotésicos han aprobado un proyecto de real decreto por el que el ciudadano accederá al mismo producto con el mismo importe máximo de financiación con independencia de donde viva.

La reunión también sirvió para establecer los nuevos límites para la obtención de la tarjeta sanitaria propia. Según Mato, todas las personas que hayan cotizado a la Seguridad Social tengan tarjeta sanitaria, aunque estén desempleados. Los mayores de 26 años que nunca hayan cotizado dejarán de ser beneficiarios de las tarjetas de sus familiares y pasarán a ser titulares de la suya propia.

El Consejo Inteterritorial también suscribió un acuerdo para la selección de suministradores de las vacunas incluidas en el calendario infantil, con la que se ahorrarán 20 millones de euros. Asimismo, aprobó la creación de dos nuevas especialidades médicas, Genética y Psiquiatría Infanto-Juvenil, y de cuatro áreas de capacitación específica (Enfermedades Infecciosas, Hepatología, Neonatología y Urgencias y Emergencias).

Con estas medidas, concluyó Mato, concluye la primera fase de la reforma sanitaria impulsada por su departamento "a fin de garantizar una sanidad universal, pública y gratuita sin necesidad de optar por el copago asistencial". En total, según Mato, con este conjunto de medidas se ahorrarán 2.200 millones de euros.