La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO han convocado para este 28 de junio una nueva jornada de lucha en el Sector Público Estatal —Administración central y empresas estatales—, que se encuadra en la campaña de movilizaciones que iniciaron ambos sindicatos el pasado mes de mayo y que en Castilla-La Mancha incluye actos en Albacete y Cuenca.
En concreto, y según han confirmado a Europa Press fuentes sindicales, en Cuenca se celebrará a las 10.00 horas en la Plaza de España, frente a la Subdelegción, y Albacete habrá una concentración frente a la Subdelegación del Gobierno, a las 20.00 horas.
Con estas movilizaciones UGT y CCOO quieren denuncia el "desmantelamiento sistemático y sin límite del Sector Público Estatal" que, a su juicio, está "poniendo en peligro" el Estado del Bienestar.
Las organizaciones sindicales llevarán a cabo diversos actos de protesta como caceroladas y concentraciones ante las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de las principales ciudades españolas.
En Madrid, donde se encuentra el grueso de trabajadores de la Administración General del Estado, se ha programado una concentración a las 12.00 horas en la calle María de Molina, 50.
UGT y CCOO, a través de un manifiesto conjunto han expresado su rechazo frontal a la política llevada a cabo desde la UE a través del Gobierno, basada en medidas "contrarias a la esencia de lo público".
Ambos sindicatos insisten en que al "enorme recorte presupuestario" ejecutado por el Gobierno en las cuentas de 2012 —entre el 12% y el 24% menos en ministerios, empresas públicas y otros organismos públicos— se suman las leyes de estabilidad presupuestaria, "ordenadas desde la UE".
"Estas medidas pueden llegar a obligar al cierre de empresas y organismos públicos ante la falta de dotación presupuestaria y la prohibición expresa de la existencia de pérdidas en la Administración pública", añaden.
Así pues, UGT y CCOO quieren con la jornada de lucha concienciar a la ciudadanía de lo que consideran "un robo al Estado del Bienestar español y a los derechos ciudadanos".
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