La Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado, con los votos del PP y el rechazo del PSIB y del PSM-IV-ExM, el dictamen sobre la modificación de la Ley de Función Pública, que elimina el requisito de conocimiento del catalán para trabajar en la administración pública para convertirlo en un mérito.

Asimismo, la citada Comisión ha rechazado, con los votos del PP y la abstención del PSIB, una enmienda del PSM-IV-ExM, que pretendía introducir la "igualdad jurídica" entre el catalán y el castellano y que proponía "garantizar que todos los ciudadanos tengan el derecho a utilizar las dos lenguas oficiales y el derecho y deber de conocerlas".

Concretamente, la coalición nacionalista proponía que en la modificación de la Ley de Función Pública se estableciera que "la lengua propia de Baleares es el catalán y, como tal, es la lengua de uso normal y ordinario de las administraciones públicas y de los medios de comunicación públicos de Baleares, así como la lengua normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza".

Asimismo, planteaba que "el castellano, que es la lengua oficial del Estado Español, también es la lengua oficial de Baleares y todas las personas tienen el derecho de utilizar las dos lenguas oficiales y los ciudadanos de las islas tienen el derecho y el deber de conocerlas".

Así, proponía que los poderes públicos de Baleares "deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de estos derechos y el cumplimiento de este deber".

Tras el rechazo a esta enmienda, el diputado de la coalición nacionalista Nel Martí ha acusado al PP de tener como objetivo la "postergación y la marginación" del catalán y, "en última instancia, su relegación a lengua residual".

Además, el diputado menorquinista también ha lamentado la abstención del PSOE y ha criticado la "incoherencia" de este grupo, que "acusa al PP de genocida lingüístico, pero no defiende los mínimos que supondrían reconocer la igualdad jurídica entre las lenguas oficiales del país".

"Con el ordenamiento jurídico actual, se discrimina al catalán, ya que los ciudadanos tan sólo tienen el deber de conocer el castellano", ha lamentado el diputado menorquinista.

En esta línea, Martí ha recordado que el Estatut de Catalunya reconoce la igualdad jurídica entre las dos lenguas oficiales en su articulado, y que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut avala el tratamiento jurídico igualitario de las dos lenguas en relación al deber de conocimiento.

Por otro lado, el grupo PSM-IV-ExM ha solicitado un informe al Consell Consultiu sobre el dictamen aprobado este miércoles en el Parlament. La formación duda de la constitucionalidad de la Ley, ya que consideran que la supresión del requisito lingüístico para los funcionarios vulnera los derechos lingüísticos de las personas catalanoparlantes, al posibilitar que los representantes de la Administración pública no puedan atender a los ciudadanos en una de las dos lenguas oficiales.