El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha reiterado este miércoles su invitación a las comunidades autónomas para que integren el personal que tienen desplegado en el exterior en las embajadas y oficinas españolas, aunque ha reconocido que el Gobierno no puede obligarlas a hacerlo porque lo prohíbe la Constitución.

En respuesta a una pregunta de la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) Irene Lozano en el Congreso, Margallo ha insistido en los beneficios que tendría para las autonomías sumar sus delegaciones en el exterior a las embajadas u oficinas comerciales del Estado y que les permitiría "ahorrar esfuerzos, tener a su disposición al embajador y contar con la colaboración de personal especializado".

Sin embargo, ha insistido en que una sentencia del Tribunal Constitucional dejó claro que las comunidades autónomas tienen la capacidad de establecer sus representaciones en el exterior y el Gobierno no puede hacer nada más allá de invitarlas.

"Una cosa es que las comunidades puedan establecer estas delegaciones por cuenta propia y otra cosa es que sea una buena o mala idea. Y en mi opinión no es una buena idea y por eso invitamos a las comunidades autónomas a incorporar sus efectivos a las embajadas u oficinas comerciales", ha insistido el ministro.

En este contexto, ha apuntado que las comunidades de La Rioja, Castilla y León y la Comunidad Valenciana ya se han acogido a este plan de integración mientras que Galicia está "pendiente de firma" pero en proceso "muy avanzado". Mientras, Extremadura, Aragón y Navarra "han mostrado su disposición a aceptar la oferta" y el País Vasco ha dicho que abordará el asunto en la Comisión Bilateral con el Estado.

Además, Margallo ha desvelado que Cataluña está "en conversaciones" con el Gobierno para incorporar al funcionario que la comunidad tiene en la Unesco a la representación española y ha confiado en un "efecto emulación" de las autonomías una vez que se vean los buenos resultados del proceso.

La diputada de UPyD ha advertido de que, en muchas ocasiones, la multiplicidad de oficinas españolas en el exterior "erosionan" la imagen del país y ha insistido en pedir al Gobierno que tome medidas para evitar este "derroche" de dinero público.

Irene Lozano ha calificado de "excusa" que el Ejecutivo no tenga competencias para obligar a las autonomías y ha lamentado que se esté recortando en servicios públicos básicos para los ciudadanos como educación o sanidad y mientras se mantengan gastos "superfluos" como estas embajadas autonómicas.

Respeto a la constitución

"Si la mitad de las políticas del Gobierno no le gustan pero se las impone Bruselas, y la otra mitad le gustaría pero no puede porque son competencias de las comunidades autónomas, quienes están a un paso de convertirse en un gobierno superfluo son ustedes", ha avisado la diputada de la formación magenta.

"No sé si somos un gobierno superfluo, de lo que estoy seguro es de que acatamos la Constitución", ha respondido Margallo antes de erigir la Carta Magna como "el norte y la guía" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Además, para demostrar que el Gobierno apuesta por este camino de integración, ha explicado que el España está incorporando sus representantes a las delegaciones de la Unión Europea "donde no se justifica por costo y por eficacia una presencia propia".