Rechazado el recurso del PRC contra los decretos para ahorrar 10.000 millones en educación y sanidad

Para PRC y PSOE suponen un "expolio" para los ciudadanos, mientras para el PP son "medidas de ahorro"
Pleno
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EUROPA PRESS

El Parlamento de Cantabria ha desechado este lunes una propuesta del PRC para exigir al Ejecutivo que presente recurso de inconstitucionalidad contra los decretos del Estado para ahorrar 10.000 millones de euros en educación y sanidad y que, para regionalistas y socialistas, suponen un "expolio" a los derechos ciudadanos y "vulneran" la competencia de las comunidades. Sin embargo, para el PP son "medidas de ahorro" que "no gustan" pero que se deben de tomar porque "no hay otro remedio".

La iniciativa del PRC no ha salido adelante por el voto en contra del PP, que ha defendido que las medidas que incluyen estos recursos "no son recortes", sino que "garantizan el futuro" de una sanidad y educación pública universal y gratuita.

Así lo ha asegurado el diputado del PP Íñigo Fernández, quien ha atribuido la necesidad de estas medidas al endeudamiento que se generó en Cantabria por la gestión de socialistas y regionalistas y en España, durante el gobierno del PSOE.

Fernández ha dicho que "no cree" que las medidas que incluyen estos decretos pongan en "quiebra" los sistemas de sanidad y educación pública y ha pedido a la oposición —PRC y PSOE— que tenga la "responsabilidad" que, a su juicio, no tuvo cuando gobernó.

Mientras el diputado 'popular' ha achacado estas medidas a que el anterior Gobierno "endeudó" al país "hasta el cuello" y ha asegurado que si el PSOE no hubiera puesto en marcha iniciativas como el Plan E "a lo mejor" no habría que haber tomado estas medidas, el portavoz regionalista, Rafael de la Sierra, ha defendido que "hay otras alternativas".

En este sentido, ha señalado que los 10.000 millones que quiere "recortar" en educación y sanidad se podrían conseguir si el Estado, en lugar de realizar una amnistía fiscal, optase por dedicar más medidos a la inspección fiscal que permitiera que, al menos, el 20% del fraude oculto saliera a la luz y pagara el tipo que debe al Impuesto sobre la Renta.

Tras advertir que estas medidas no son coyunturales, ni servirán para garantizar la sostenibilidad de la educación pública y la sanidad, sino que —ha dicho— "vienen para quedarse", De la Sierra ha asegurado que las medidas no son una cuestión "inexcusable", sino "opciones políticas".

Después de que Fernández afirmara que los 'populares' están de acuerdo con las medidas porque garantizan el futuro de la educación y la sanidad, De la Sierra ha asegurado que el PP las apoya "ahora pero hace un año no", a la vista del programa electoral que presentó y del contenido del documento '100 días para cambiar Cantabria' del presidente regional, Ignacio Diego, al que ha acusado de defenderlas ahora, una vez ganadas las elecciones, "para mantener su puesto".

De la Sierra se ha mostrado "de todo, menos sorprendido" de que los 'populares' opten por el "voto de la disciplina". En este sentido, ha explicado que el PRC no es "iluso" al presentar esta iniciativa, sino que pretende que "cada uno se retrate de qué es lo que defiende y cómo".

A su juicio, los 'populares' deberían "ponerse a la cabeza" del rechazo a unas medidas que, según ha opinado, limitan "inaceptablemente" los derechos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución, "vulneran" la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y no están "legitimadas" algunas de ellas por la "urgencia".

26,7

Millones menos en sanidad y 36,2

En educación

Por su parte, el PSOE ha apoyado la iniciativa de los regionalistas al considerar estos decretos "injustos", "arbitrarios", "contrarios al ordenamiento constitucional" y tomados sin una negociación previa con las comunidades autónomas que, según ha dicho, supondrán que la sanidad de Cantabria tenga 26,7 millones menos y 36,2 la educación.

"Los recortes sí afectarán a los cántabros", ha advertido la portavoz Eva Díaz Tezanos, quien ha censurado que, el Gobierno regional, afirmara que iban a ser "inocuos" para los ciudadanos de esta comunidad autónoma.

La diputada ha asegurado que, si el PSOE siguiera gobernando Cantabria cuando el actual Gobierno de España (PP) decidió estas medidas, habría presentado un recurso de inconstitucionalidad "de inmediato". A su juicio, estos decretos suponen un "gravísimo atentado a los ciudadanos" y a las competencias de las comundiades autónomas y "ahondarán más en la crisis".

Y ha criticado al PP por poner "por encima" de los intereses del los cántabros su "partidismo" y la "ideología conservadora" al no apoyar la iniciativa del PRC. "Aquí no hay herencias ni zarandajas", ha dicho.

Dependencia y aulas de infantil

En el Pleno también se ha rechazado con el voto del PP una moción del PSOE en favor de la aplicación y despliegue de la Ley de Dependencia y una proposición no de ley de los socialistas sobre creación de plazas públicas y gratuitas en el primer ciclo de Educación Infantil 0-3 años.

En la primera de ellas, los socialistas han advertido que el PP quiere "flexibilizar" la aplicación de la Ley de Dependencia porque lo ven un "gasto" y no una "inversión social" con lo que, a su juicio, "siempre van a encontrar motivo para recortar".

La diputada socialista y exconsejera de Bienestar Social, Dolores Gorostiaga, ha acusado al Gobierno de reducir "sustancialmente" los reconocimientos a los dependientes con grados más severos, con un "endurecimiento" del baremo de valoración lo que permite un "desplazamiento" de ésts a otros grados menos severos que, según ha dicho, no van a entrar en vigor "hasta 2014 o 2015", además de ofrecerles menos prestaciones al reducir, por ejemplo, las plazas en residencia públicas.

Tanto PRC como PSOE han reprochado al presidente de Cantabria que quiera ser el "alumno más aventajado" en la aplicación de los "recortes" de Rajoy y seguir sus indicaciones en la flexibilización de la aplicación de la Ley de Dependencia.

La regionalista Rosa Valdés ha opinado que el desarrollo de la Ley de Dependencia está "en riesgo" en Cantabria y en España porque, a su juicio, el PP "no cree" en ella. "No se puede proteger algo en lo que no se cree".

Por su parte, la 'popular' Mercedes Toribio ha defendido el compromiso del Gobierno de España con el mantenimiento de la Ley y ha mantenido que los datos son "incuestionables" y revelan que se atienden este año 1.647 personas más que en 2011 y se ha reducido la lista de espera. Y ha asegurado que la restricciones en el baremo y el endurecimiento que critica ahora el PSOE fue una medida adoptada en febrero del año pasado por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobre la aulas de Infantil, Díaz Tezanos ha acusado al PP de "decapitar" el programa 'Educa3' del PSOE en favor de una educación infantil "de calidad" y ha acusado al Gobierno de "callar y aceptar" lo que es "un recorte más" del Estado que deja a la comunidad autónoma sin 1,2 millones de euros. A su juicio, la paralización y eliminación del programa esta decisión "rezuma ideología conservadora por todos los lados" al ver este programa como "mera conciliación" y "no educación". En este sentido, ha acusado al PP de estar llevando a cabo una "demolición controlada" del sistema educativo y ha asegurado que lo que está pasando en España es un "drama".

Por su parte, la regionalista Teresa Noceda ha considera que se trata de una "etapa fundamental" para el desarrollo de los niños. A su vez, el PP ha acusado a la oposición de emplear a la educación como "arma arrojadiza" y ha considerado que la propuesta del PSOE es un "brindis al sol" porque la creación de más plazas públicas en este periodo no podría llevarse a cabo hasta el curso 2013-2014 porque el periodo de escolarización está ya cerrado. Además, ha garantizado el mantenimiento de todas las aulas de 2 años que existen en la comunidad autónoma.

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