El secretario general de UGT, Cándido Méndez, y los responsables de Industria y del sindicato en las comunidades autónomas más afectadas por los recortes al sector del carbón aseguran que "sí existe margen de maniobra" para solucionar el problema de la minería y piden al Gobierno que articule un crédito extraordinario para evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo.

Durante una rueda de prensa, el secretario general de la Federación de Industria y Trabajadores Agrarios (Fitag) de UGT, Antonio Deusa, explicó que este tipo de créditos son habituales en otros ámbitos y se suele recurrir a ellos para afrontar "correcciones" cuando "no se pueden cumplir los Presupuestos Generales del Estado (PGE)".

UGT responde de esta forma a las declaraciones del pasado viernes del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, quien afirmó que "no hay margen de maniobra" para cambiar la dotación para el carbón incluida en los PGE de 2012, en la que se recorta un 63% la partida para el sector.

Para Deusa, "el problema del carbón no es un problema económico, sino político", porque "dinero hay, pero no voluntad" por parte del Gobierno. El secretario general de Fitag-UGT reclamó además un pacto de Estado sobre energía y lamentó que el Ministerio de Industria no se haya dirigido al sindicato para conocer su posición sobre la reforma energética.

Por su parte, el secretario general de UGT, Cándido Méndez, advirtió de que los recortes al sector son "un problema gravísimo que va más allá de la problemática del carbón", ya que afecta a "comarcas mineras que no tienen alternativa y que quedarán condenadas al despoblamiento y al aislamiento".

"No se trata de aportar más recursos, sino de cumplir unos compromisos que ya llevaban implícito un recorte gradual", afirmó Méndez, para quien la actitud del Gobierno frente al sector no puede describirse como de "recorte", sino como "cierre de la actividad minera".

El secretario general de UGT insistió en que Soria "sí tiene margen de maniobra, pero no voluntad política", y consideró que el problema es "perfectamente encajable desde el punto de vista económico".

"No somos capaces de entender la motivación real de una decisión que es una catástrofe en términos sociales y laborales", afirmó Méndez, quien recordó que en febrero el Gobierno había presentado un recorte presupuestario del 13% para el sector minero y que este porcentaje fue elevado posteriormente al 63%.

El secretario general del sindicato también denunció el "contrasentido" en el que incurre el Ejecutivo al apoyar políticas de estímulo del empleo a nivel europeo y, al mismo tiempo, adoptar medidas como los recortes al carbón cuya consecuencia directa es la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Respuesta coordinada.

La comisión ejecutiva confederal de UGT ha acogido este lunes una reunión para estudiar la "respuesta coordinada" del sindicato a la Marcha Negra que partió la semana pasada de las cuencas mineras y que concluirá el 11 de julio en Madrid. La última parada de la marcha se realizará en Aravaca, el día 10.

Aparte de Méndez y Deusa, en la reunión han participado el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez; en Aragón, Julián Lóriz; en Castilla y León, Agustín Prieto; en Castilla-La Mancha, Carlos Pedrosa, y en Madrid, José Ricardo Martínez.

El responsable de Aragón explicó que los recortes afectan a 16 municipios y ponen en peligro los empleos de 600 trabajadores directos y de otros 3.000 indirectos, mientras que el de Asturias advirtió de que las zonas mineras ya tienen un porcentaje de paro más elevado que el resto de la región y de que las comarcas corren el riesgo de quedar despobladas.

El secretario general de UGT en Castilla y León cifró en 3.000 los empleos directos afectados y lamentó que el "Gobierno tozudo" no se dé cuenta de que "no hay una industria alternativa en esas comarcas". Además, se solidarizó con los trabajadores de las centrales térmicas afectadas.

En Castilla-La Mancha, explicó Pedrosa, la zona más afectada será Puertollano, donde no solo se sufre el recorte del Ministerio de Industria, sino la "indiferencia" del Gobierno autonómico.