La Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) se suma a la celebración, este domingo, 24 de junio, del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética.

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética (PECCEM), en la que están integradas asociaciones de afectados, de personas electrohipersensibles (EHS), así como asociaciones vecinales, ecologistas y otros colectivos ciudadanos, ha emitido un comunicado en el que se alerta de varios aspectos.

Así, critican la "falta de responsabilidad" de los distintos ministerios (Educación, Sanidad, Industria) y entidades autonómicas y de otros ámbitos, que "siguen negando los riesgos para la salud y atendiendo únicamente a los intereses industriales de las operadoras y las eléctricas".

También han recordado a las autoridades la "grave" situación de las personas afectadas en sus viviendas y centros de trabajo y enseñanza por antenas, líneas de alta tensión y transformadores para insistir en la obligación de cumplir la Ley 33/2011 General de Salud Pública en la que se recoge el derecho de la población a ser informada sobre factores de riesgo ambiental tales como la CEM, protección de la salud pública y aplicación del Principio de Precaución.

Una tercer crítica radica en la colaboración que las autoridades públicas siguen prestando "al despliegue masivo de nuevas fuentes de CEM, llegando incluso a financiar nuevas redes con dinero público".

Por ello, han reclamado "lograr un acceso seguro a Internet mediante cableado en los centros escolares y el desmantelamiento de las redes WiFi ya instaladas".

Otra petición es la paralización del despliegue masivo de redes WiFi en espacios públicos, y el empleo de fondos públicos para financiarlo, tanto en recintos cerrados (bibliotecas, teatros, escuelas de música, centros cívicos, transporte público, centros de salud, hospitales,) como en espacios abiertos (parques, plazas, calles, playas), al tiempo que reivindican la declaración de estos espacios como Zonas Blancas donde no se permita la instalación de fuentes de CEM.

Poner fin a la imposición, también financiada con fondos públicos, de sistemas SMART "inteligentes" en las ciudades y hogares como los contadores de agua o gas es otra demanda, además de atender a la grave situación del creciente colectivo de personas electrohipersensibles (EHS) que están sufriendo la vulneración de sus derechos humanos, políticos, laborales y sanitarios.

Estas críticas surgen porque después de un año de la clasificación por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de los campos electromagnéticos (CEM) como posible cancerígeno, así como de la Resolución del Consejo de Europa, en la que se urge a tomar medidas para informar a la población y proteger, sobre todo, a los menores.

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