El administrador único de 'Eurogestión e Inversión Málaga S.L', Antonio N.A, y su padre, Antonio N.M, apoderado general de dicha mercantil, compartirán banquillo el próximo día 26 de junio en la Audiencia de Valladolid como coacusados de un delito de estafa cometido en 2004 sobre un cliente a quien vendieron un piso en un pueblo de Granada, sin informarle de que sobre el mismo pesaban distintas cargas y que otras personas habían adquirido derechos sobre el inmueble.

El Ministerio Fiscal, en su escrito de calificación provisional de los hechos, solicita para padre e hijo penas de dos años de prisión y, en concepto de responsabilidad civil, la obligación de indemnizar de forma conjunta y solidaria a la víctima, Feliciano de la F.G, en la cantidad de 156.000 euros, más los intereses devengados, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Durante la vista se analizarán hechos ocurridos a partir del día 30 de diciembre de 2004, fecha en la que ambos imputados firmaron un documento privado por el cual vendieron a Feliciano de la F.G. un ático con garaje y trastero en la localidad granadina de La Rábita, cuya titularidad correspondía a 'Eurogestión e Inversión Málaga S.L'.

En virtud del contracto, el comprador desembolsó un total de 156.000 euros en tres pagos, a razón de 52.000 euros por cada uno, realizados los días 30 de diciembre de 2004, 30 de abril de 2005 y 1 de febrero de 2006, si bien se estipulaba en el citado contrato que la vivienda y sus anejos se hallaban y transmitían libres de cargas, gravámenes y arrendamientos.

Sin embargo, el comprador, al acudir al Registro de la Propiedad para el otorgamiento de la escritura pública, descubrió que sobre el inmueble pesaban cargas, tanto anteriores como posteriores a la firma del contrato, puesto que los acusados habían constituido hipotecas a favor del Banco Popular que resultaron impagadas, dando lugar a la ejecución de la garantía y constando asimismo diversas anotaciones de embargos ejecutivos sobre la vivienda, el garaje y el trastero a favor de terceros acreedores.

Ante ello, el comprador, pese a haber pagado la totalidad del precio estipulado, no ha podido obtener la escritura pública ni adquirir el pleno y libre dominio de los bienes adquiridos.