El fiscal Enrique Barata ya ha presentado su escrito de acusación contra el celador del geriátrico de La Caritat de Olot (Girona), Joan Vila, por un total de once asesinatos, todos ellos con alevosía y los tres últimos que destaparon el caso con ensañamiento, por lo que la petición total de pena asciende a 194 años.

Según consta en el escrito, estos tres últimos crímenes, producidos los días 12, 16 y 17 de octubre de 2010, se produjeron con ensañamiento ya que el celador obligó a sus víctimas a ingerir ácido desincrustante o lejía lo que les provocó "sufrimiento, graves dolores y padecimientos, tos, vómitos, convulsiones y una crisis respiratoria".

Los otros ocho ancianos fallecieron entre agosto de 2009 y septiembre de 2010 después de que Joan Vila les subministrara una mezcla de psicofármacos triturados —en seis de los casos— o bien una sobredosis de insulina; así, por los últimos tres asesinatos la pena de cárcel asciende a 22 años, mientras que para los ocho restantes es de 16 años.

En todo momento, el celador se aprovechó de la avanzada edad de los ancianos y su imposibilidad de defensa, además de la confianza que le tenían por ser uno de los empleados del geriátrico, por lo que el fiscal afirma que los mató con alevosía.

Barata también contempla la posibilidad de reconocerle al acusado el atenuante de confesión de los ochos crímenes que contó de manera voluntaria en declaración judicial el 31 de noviembre de 2010, siempre y cuando testifique en el juicio igual que lo hizo durante la fase de instrucción. Lo que no admite el fiscal es que el acusado sufra algún trastorno mental y, por ello, no estima ningún atenuante al respecto.

Según los cálculos del ministerio público, el caso llegará a juicio a principios de 2013, durante esos días ha pedido que pueda escucharse a un total de 82 testigos entre empleados de La Caritat, policías, familiares de las víctimas, trabajadores del Hospital Sant Jaume de Olot y algún inspector de sanidad.

Además de los peritos policiales, los forenses, miembros del Instituto Nacional de Toxicología y del Instituto de Medicina Legal de Catalunya, y nueve psicólogos y psiquiatras.