La Coordinadora de Inmigrantes de Málaga (CIM), la Plataforma de Solidaridad con los Inmigrantes de Málaga, La Casa Invisible y Democracia Real Ya-Málaga han celebrado este jueves el cierre definitivo del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), "después de 23 años luchando", siendo "probablemente de los centros que más incidentes acumule de toda España y con mayor importancia".

"Creemos que se debe seguir investigando porque cuando no hay verdad no hay memoria y no hay justicia", han matizado, al tiempo que han señalado que las organizaciones sociales "siempre hemos denunciado el hecho de que no se nos permitiera acceder libremente al centro para denunciar las condiciones y ver directamente las condiciones del centro, teniendo que forzar las visitas a su interior con algún parlamentario o con el Defensor del Pueblo".

Además hay que tener en cuenta, han proseguido, que "en la regulación de los centros hay un vacío legal absoluto, no hay ninguna norma con el rango normativo exigible, es decir, el de ley, que establezca un estatuto jurídico para las personas que están privadas de libertad".

Es por ello que las diferentes organizaciones han denunciado que "este cierre es un punto y seguido". Han insistido, también, en que, "aunque se ha conseguido un hito muy grande al cerrar el CIE de Málaga, no se puede olvidar que siguen existiendo otros centros de internamiento en nuestro país con ese vacío legislativo que los regule y que regule ese estatuto jurídico de las personas que están en estos centros con una inseguridad jurídica muy importante". En este sentido, han advertido de que su próximo objetivo, por su cercanía, será el Centro de Internamiento de Algeciras (Cádiz).

Regulación cie

Por otro lado, durante la rueda de prensa se ha hecho referencia al borrador del Real Decreto que va a regular los CIE que se ha trasladado a las organizaciones sociales y al que se han hecho alegaciones "muy duras porque se están restringiendo derechos fundamentales de las personas, como el derecho a las comunicaciones o a la asistencia letrada", han indicado.

Para esta organización, "deberían tener una norma con rango de Ley Orgánica consensuada en el Parlamento que regulase estos centros de internamiento, una norma que respetase un derecho constitucional básico como es las privaciones de libertad, que se regulen por ley orgánica y no por un mero reglamento del gobierno". Este borrador, han señalado, establece "restricciones y condiciones ilegales que pueden llevar, en caso de que este borrador se aprobase en estas condiciones, a una declaración de ilegalidad del mismo".