El juzgado de lo Social número nueve ha fijado para el mes de noviembre de 2013 el juicio suspendido el pasado 23 de mayo y relativo a la demanda promovida, a título individual, por uno de los prejubilados del expediente de regulación de empleo (ERE) acordado en 2007 por la sociedad gestora del mercado central, Mercasevilla, para reclamar los compromisos de financiación de sus rentas. El Juzgado de lo Social número ocho, como se ha informado, celebró el pasado viernes el juicio de la demanda promovida, por el mismo motivo, por el grueso de los prejubilados de este expediente de regulación de empleo.

Esta demanda promovida al margen del grueso de los prejubilados, como habían informado a Europa Press fuentes del caso, se dirige contra la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa y tomadora de la póliza de seguro de rentas asociada al ERE de 2007, y la división de Seguros Colectivos del Banco Vitalicio (actualmente 'Generali'), en su calidad de entidad aseguradora de las rentas de las que se desliga la Consejería de Empleo, así como contra la Junta de Andalucía.

Primer juicio ya celebrado

El Juzgado de lo Social número ocho, como se ha informado, celebró el 15 de junio la vista oral de la demanda promovida por el grueso de los prejubilados del ERE de 2007. Los principales testigos fueron el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet, imputado en las tres líneas de investigación penal que pesan sobre la empresa, y el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, quien declaró a través de una videoconferencia al permanecer en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya.

El presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), informó entonces a Europa Press, al término de la vista oral, de que las principales pruebas testificales fueron los testimonios de Fernando Mellet y de Francisco Javier Guerrero, quien como ha sido ya señalado, prestó declaración a través de una videoconferencia. Guerrero, cabe ser señalado, es uno de los principales imputados en la investigación relativa a la posible administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, de la que se habrían nutrido decenas de prejubilaciones ilegales también investigadas.

La junta prefiere lo contencioso

Rafael Domínguez, así, explicó que durante la vista oral, la representación jurídica de la Junta de Andalucía habría defendido la tesis de que correspondería a los juzgados de lo Contencioso Administrativo y no a los de lo Social dirimir el asunto a cuenta de la naturaleza del conflicto, reclamando así un traslado del asunto a la primera de estas jurisdicciones. Francisco Javier Guerrero, según Rafael Domínguez, habría defendido el expediente de regulación de empleo de 2007 como una "continuidad" del ERE promovido en 2003 por Mercasevilla, un procedimiento cuyas prejubilaciones sí fueron financiadas por la Consejería de Empleo.

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la trama de prejubilaciones fraudulentas investigada en Andalucía.

El ere de 2007

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". El Gobierno andaluz, en ese sentido, defiende que sobre la Junta de Andalucía no pesan compromisos de financiación sobre estas prejubilaciones en cuestión.

Como se recordará, en este expediente de regulación de empleo fue prejubilado el exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla del mercado central de abastos y quien fue detenido en el marco de las actuaciones dirigidas por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla.