Cinco años después de que estallase su operación policial, el caso Can Domenge ha llegado a la Audiencia Provincial de Palma para su enjuiciamiento. Con más de 7.000 folios de sumario y otros tantos de expediente administrativo relativo a la enajenación de los terrenos palmesanos, el procedimiento judicial ha sido trasladado este jueves al órgano judicial, que deberá fijar fecha para el juicio de una causa cuya principal acusada es la expresidenta del Parlament balear y del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar.

Introducido en un total de 14 cajas, el expediente ha sido conducido desde el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, encargado de las pesquisas excepto durante los cuatro meses en los que fueron instruidas por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) debido al entonces aforamiento de Munar, del exvicepresidente insular Miquel Nadal y del exconseller de Territorio Bartomeu Vicens. Finalmente volvió a manos del Juzgado después de que la ex líder 'uemita' dimitiese, el 26 de febrero de 2010, como presidenta de la Cámara autonómica.

En concreto, la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para los tres exaltos cargos de UM así como para el exconseller de Hacienda Miquel Àngel Flaquer, que junto a otros dos acusados se sentarán en el banquillo de los acusados a raíz de la venta presuntamente irregular de los terrenos de Can Domenge por treinta millones de euros por parte del Consell, la mitad de su valor en el mercado y de lo que ofrecía la empresa querellante Núñez y Navarro.

Sobre los excargos 'uemitas' pesan los presuntos delitos de fraude a la administración (por los que solicitan tres años de cárcel), revelación de secretos (otros tres años) y prevaricación, pese a que la acusación pública no les atribuye ningún delito de malversación de caudales públicos, ilícito que sí mantienen tanto Núñez y Navarro como el Consell, personados como acusación particular. Los escritos de acusación también se dirigen contra Santiago Fiol, abogado asesor Sacresa considerado "correa de transmisión" entre la empresa y el Consell, y contra el principal accionista de Sacresa, Román Sanahuja, quien presuntamente dirigía la preparación del concurso.

En el marco de esta causa, la jueza instructora, Carmen González, fijó una fianza de responsabilidad civil de 37,1 millones de euros para Munar, Flaquer, Vicens, Nadal y Sanahúja, al tiempo que reclamó a Fiol otra caución por importe de 200.000 euros.

Cabe recordar que Núñez y Navarro, personada a través de las sociedades Josel S.L. y Anova S.A., reclama diez años de cárcel para Munar, Nadal, Vicens y Flaquer por los delitos de malversación, fraude a la administración pública, prevaricación y revelación de secretos, y un año y medio de prisión para Fiol, por los delitos de fraude y revelación de secretos, así como para Sanahuja Pons, a quien imputa los delitos de malversación, fraude y uso de información reservada.

Asimismo, el Consell solicita en un duro escrito de acusación nueve años de prisión para los cuatro ex dirigentes 'uemitas' y el abogado externo de Sacresa por fraude, prevaricación, malversación y revelación de secretos e informaciones, mientras que pide hasta 11 años de cárcel para el máximo accionista de Sacresa por fraude, malversación, prevaricación y aprovechamiento de la información facilitada.

La jueza consideraba "ilógico" que munar fuese "engañada"

En el auto que ponía fin a la instrucción y que decretaba el pase a procedimiento abreviado del caso, la instructora consideraba "ilógico" que Munar, presidenta del Consell cuando se enajenaron los terrenos, fuese "engañada" entonces por los demás imputados en la causa que investiga las presuntas irregularidades cometidas en torno a esta venta, como tampoco cree que "todo el entramado, el plan y las negociaciones" se hicieran "a espaldas" de la histórica dirigente de UM.

Asimismo, la magistrada recordaba que fue Munar, defendida por el abogado Gabriel Garcías -que solicita su libre absolución-, quien designó a las personas que gozaron de una actuación material, personal y directa en el proceso y en las negociaciones "fraudulentas", en relación a Nadal, Vicens y Flaquer, y además abundaba en que "era la presidenta del partido al que pertenecían todos ellos", en referencia a UM.

"la enajenación no podía pasar por alto a munar"

"La enajenación de Can Domenge no era un asunto más que pudiese pasar por alto a la presidenta", subrayaba la jueza, quien aprecia "indicios bastantes" de que "por razón de su cargo, la influencia y poder que ejercía sobre los consejeros directamente implicados" y por su "participación en las reuniones en que se fijaban aspectos esenciales" del proceso, "participó en los hechos aviniéndose a la forma y elementos del concurso". Es más, aseveraba que la competencia para adjudicarlo correspondía a la propia Munar, de tal forma que pese a estar ausente por enfermedad en el pleno en que se aprobó la enajenación "no cabe pensar que se desentendiese del asunto".

Sin embargo, la ex presidenta insular no es la única contra la que cargaba la jueza al recalcar, en el caso de Nadal, que tuvo una intervención "personal y activa" en la desafectación de los terrenos y participó de forma directa en la transmisión de información a Sacresa, además de firmar el decreto de aprobación del expediente de contratación para la enajenación, el 30 de diciembre de 2005.

En cuanto a Vicens, recordaba que fue quien solicitó por escrito la enajenación del inmueble y quien "desde el primer momento ya mostró su opción por la forma de concurso", sin que se justificase "de forma razonable" por qué existían otros factores determinantes distintos del precio. Mientras tanto, señala sobre Flaquer que su departamento era el que tenía la competencia para la tramitación del expediente de enajenación y él quien propuso que se desestimasen las alegaciones formuladas a la desafectación.

Munar y nadal,

Juzgados en mayo por una pieza del caso maquillaje

Se da la circunstancia de que el pasado mes de mayo Munar y Nadal se sentaron por primera por primera vez en el banquillo, acusados de desviar 240.000 euros públicos a la productora que ambos controlaban mediante testaferros, a pesar de la incompatibilidad de esta actividad con el ejercicio de sus respectivos cargos en el Consell. La Audiencia aún no ha dictado sentencia por esta pieza separada del caso Maquillaje, en la que la Fiscalía también pide seis años de cárcel para la exdirigente de UM.