El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha asegurado este martes en el Parlamento andaluz que va a centrar todos sus esfuerzos en garantizar la prestación del servicio público de Justicia pese a los ajustes presupuestarios derivados del control del déficit y de la limitación de recursos por la actual situación de crisis económica.

Durante su intervención en la Comisión de Justicia e Interior, Emilio de Llera ha puesto de manifiesto que "hay que ser conscientes de la limitación" de los recursos con los que cuenta la Administración del ramo dada la actual situación económica, criticando que las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación "han restringido la capacidad de maniobra de esta y otras consejerías".

Al hilo de ello, el consejero de Justicia e Interior de la Junta ha confiado, no obstante, en que "el ajuste en el gasto no ponga en riesgo la prestación de un servicio básico" como es la Justicia, para lo que, a su juicio, "resulta esencial la implicación de las administraciones y de los que intervienen en la Administración" del ramo.

De Llera ha apostado, en este sentido, por "optimizar" el trabajo de los funcionarios y por "incentivar" el parque inmobiliario propio de cara a ahorrar dinero en alquileres e ir eliminando progresivamente los arrendamientos, precisando que durante la presente legislatura se llevarán cabo las obras de construcción de la Ciudad de la Justicia de Córdoba y se seguirá trabajando en la ejecución de los proyectos de Cádiz y Jaén.

"REPROGRAMACIÓN"

Aunque ha reconocido que la crisis obligará a realizar una "reprogramación" en materia de infraestructuras judiciales, se seguirán los trabajos previos para Huelva y Sevilla, supeditados a contar con el suelo adecuado "y una vez que, por fin, sepamos su ubicación definitiva", precisando que todo estos proyectos se desarrollarán a través de fórmulas de financiación público-privada.

Igualmente, ha anunciado que, en esta legislatura, se completarán las obras de rehabilitación del antiguo edificio del Banco de España en Granada y se trabajará en el acondicionamiento del complejo judicial de La Caleta en esta misma ciudad, mientras que se pretende avanzar también en los diferentes trámites y trabajos previos para impulsar la futura construcción de las sede judiciales de Algeciras, Jerez de la Frontera y Torremolinos.

De otro lado, ha apostado por impulsar el desarrollo de las nuevas tecnologías para seguir avanzando en la modernización de este servicio y ahorrar costes en su funcionamiento. Según el consejero, solo en 2011 y a través del soporte de la informática judicial se ha facilitado la tramitación de 2.357.171 asuntos, 915.479 resoluciones y se han practicado 987.841 notificaciones telemáticas.

INTERCONEXIÓN

El titular de Justicia e Interior ha anunciado que, en esta legislatura, se avanzará en la interconexión y la interoperabilidad de los sistemas informáticos judiciales y fiscales andaluces, entre sí y con los del resto de España, dentro del marco del convenio de colaboración para la implantación del Esquema Judicial de Interoperabilidad y Seguridad (EJIS), con el objetivo común de conseguir la compatibilidad de los sistemas informáticos judiciales.

Con este sistema de interconexión, junto con la integración de las bases de datos de los órganos judiciales, ha explicado que "se pretende paliar la actual situación de dispersión de la información judicial, y resulta importante porque establece un sistema de alertas sobre medidas cautelares y sobre prisión preventiva que mejorará la eficacia de este servicio". Este sistema ya está implantado en todos los Juzgados de lo Penal de Andalucía y se extenderá próximamente a los Juzgados de Instrucción y a los de Violencia sobre la Mujer.

Asimismo, se ha referido al desarrollo de la firma digital, que ya disponen a día de hoy los secretarios judiciales y funcionarios de 393 juzgados, en concreto todos los juzgados civiles, mercantiles y contencioso administrativos. Durante la presente legislatura, el consejero prevé extender su implantación a los 528 juzgados restantes.

Nuevos sistemas de grabación

Respecto a la agilidad en el desarrollo de los juicios, el consejero ha señalado que continuará con la instalación de nuevos sistemas de grabación con la incorporación de 121 nuevos equipos, que se suman a los 410 que ya están operativos en otras tantas salas de vistas.

Junto a este impulso tecnológico, De Llera ha anunciado que su departamento va a seguir trabajando para la implantación de la oficina judicial una vez se acometa la revisión del decreto ya elaborado para incorporar también en esta norma el diseño de la nueva oficina fiscal. A su juicio, la nueva distribución y organización del personal en estas nuevas oficinas se realizará mediante el diálogo y el acuerdo con los sindicatos y se hará de forma gradual y en función de las posibilidades organizativas, técnicas y presupuestarias.

De su lado, la parlamentaria del PSOE Nieves Masegosa Martos ha opinado que, "en estos momentos de incertidumbre", la Justicia "tiene mayor relevancia social", por lo que "debemos optimizar y racionalizar los recursos", añadiendo que desde que Andalucía asumió en 1997 las competencias en materia de Justicia "se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer".

"priorizar" actuaciones

A su juicio, la implantación de la nueva oficina judicial "va a permitir una importante redistribución del funcionariado y la optimización de los medios humanos y materiales que ya existen en Andalucía", tras lo que ha abogado, en materia de infraestructuras judiciales, por "priorizar" las actuaciones que "son necesarias". Además, ha apostado por "seguir arbitrando" fórmulas que impidan que muchos asuntos terminen finalmente en los juzgados.

Por su parte, el parlamentario del PP Juan Ramón Ferreira Siles ha precisado, en primer lugar, que "la competencia de personal funcionario es exclusiva de la Junta, y ahí tenemos mucho trabajo por hacer, como por ejemplo mejorar las bajas no cubiertas", y ha lamentado que "seguimos echando en falta concreción, plazos y cifras, algo que tendremos que ir abordando paulatinamente".

Tras asegurar que respetará "los 100 días de cortesía" con los que cuenta el nuevo consejero, el diputado popular ha subrayado que "el consejero ha dejado caer una reprogramación del plan de nuevas ubicaciones", por lo que, a su juicio, "hay que poner un calendario y poner negro sobre blanco propuestas concretas".

El parlamentario popular también ha cuestionado al consejero sobre la aludida "optimización" del trabajo de los funcionarios, a lo que De Llera ha contestado que se trata de "optimizar el resultado del trabajo de estos funcionarios, recolocando su esfuerzo en tareas que en un momento determinado son más necesarias". "No sospeche que voy a hacer ningún juego malabar", ha dicho, asegurando que, por su larga trayectoria como fiscal, "conozco donde aprieta el zapato y cómo se pueden resolver" los problemas.