Rudi anima a los Defensores del Pueblo a ser especialmente vigilantes y sensibles en la atención a la enfermedad mental

El Justicia dice que "la cárcel no garantiza el correcto tratamiento" de los delincuentes enfermos mentales
La Jornada Se Celebra
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EUROPA PRESS
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La presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, ha animado a los Defensores del Pueblo de las diferentes Comunidades autónomas y del Estado a ser "especialmente vigilantes y sensibles" cuando trabajen en la defensa de los derechos de personas y colectivos desfavorecidos por su enfermedad mental, ya que ha señalado que si siempre su labor es importante "se convierte en esencial e insustituible cuando afecta a ciudadanos en situación de especial vulnerabilidad, como es el caso de los enfermos mentales".

Rudi ha inaugurado este martes en el Hotel Iberus de Zaragoza las XXVII Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo, que se celebran bajo el título 'Protección de las personas con enfermedad mental', acto que también ha contado con la presencia de la Defensora del Pueblo de España en funciones, María Luisa Cava de Llano, y del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.

La presidenta de la Comunidad autónoma ha deseado que estas jornadas sirvan para "obtener valiosas conclusiones para la atención y cuidado" de estas personas, que sean de interés para los profesionales y para los poderes públicos y las instituciones y así "contribuir a mejorar los instrumentos de garantía de sus derechos" y conseguir "mejorar la atención y defensa de las personas con patologías mentales".

Según ha comentado, existe un "amplio número" de enfermedades mentales, algunas de ellas "difíciles de diagnosticar", que requieren de "cuidados diversos", además de que el marco jurídico de protección de estas personas es de "gran complejidad" y precisa de una "respuesta institucional transversal".

Asimismo, ha sostenido que la atención a este colectivo requiere de una "visión pluridisciplinar" y ha considerado que estas jornadas van a permitir analizar la protección de estas personas "desde todas las perspectivas" con el objetivo de lograr un tratamiento "diverso e integrador".

Por otra parte, se ha referido a la figura del Defensor del Pueblo, que cumple una "labor de protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos", tarea "importante en una sociedad democrática" y por eso ha estimado que su existencia es un elemento de "madurez".

Igualmente, ha mencionado la figura del Justicia de Aragón, heredera de una figura histórica aragonesa "con perfiles singulares y específicos respecto a otros Defensores", que en la actualidad se "ha adaptado a las exigencias de una sociedad avanzada".

También ha recalcado el interés de la coordinación entre estas instituciones del Estado y de las Comunidades autónomas, "para una adecuada articulación del Estado autonómico" y con el objetivo de "hacer más eficaz el ejercicio de nuestras responsabilidades".

Responder al presente

La Defensora del Pueblo de España en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha manifestado que en un momento de crisis económica como el actual, en la que "se incrementa nuestra actividad de supervisión", hay que ofrecer "lo mejor de estas instituciones" para "responder a los retos presentes".

Ha agregado que la crisis afecta a todos los ámbitos, también al de las Administraciones, llevando a algunas de ellas a "decisiones sin precedentes", que deben hacer a los Defensores del Pueblo "hacer más con menos" y, en este sentido, ha planteado la oportunidad de mejorar el uso de los recursos electrónicos "para ser más eficientes".

Asimismo, ha abogado por "reforzar la cooperación para hacer más efectivas las ideas debatidas" en las jornadas y ha remarcado que en la defensa de los Derechos Humanos es donde "un Estado de Derecho se juega su dignidad" y "todos los instrumentos resultan pocos".

Respecto a los enfermos mentales, ha indicado que es un colectivo "que desde hace años es motivo de atención preferente" por los Defensores del Pueblo, analizando la "calidad" de los servicios públicos con los que se les asiste y ante la "ausencia adecuada" de una oferta de asistencia y tratamiento, así como por la "carencia" de centros para la atención a estas personas.

Incompresión y rechazo

El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha señalado que en una sociedad en crisis como la actual "no es fácil fijar qué problema es el más importante o el más urgente a la hora de reunirnos" y hace un año "decidimos que uno de los grupos más vulnerables eran los enfermos mentales" ya que, entre otras cosas, si bien los enfermos reciben, en general, de la sociedad "compresión y empatía", los enfermos mentales "suelen ser vistos con incomprensión y un cierto rechazo".

No obstante, ha agregado que "a lo largo de los últimos años se ha hecho un esfuerzo importante en mejorar la situación" de estas personas y "se ha evitado la división de competencias que generaba múltiples problemas".

Además, ha apuntado que en las jornadas se va a tratar sobre "los más vulnerables entre los más vulnerables, que son los niños y las personas mayores" y la necesidad de una mayor coordinación entre los servicios comunitarios sanitarios y sociales para atender sus necesidades, así como de las familias y de quienes les rodean.

También se va a analizar el tratamiento médico ambulatorio obligatorio, un "debate muy vivo" ya que hay "tesis distintas" y "depende de la postura que se adopte, condiciona muchas otras cuestiones". En esta materia, Fernando García Vicente se ha referido a una posible regulación, si bien ha reconocido que es un asunto polémico por la posible restricción de derechos de la persona.

Igualmente, ha recordado que ya se ha abordado en las jornadas el tratamiento penal, procesal y penitenciario del enfermo mental, sobre el que ha comentado que España es uno de los países de Europa que más presos tiene porque "el 75 por ciento de los que están en prisión o son delincuentes o tienen una enfermedad mental no detectada o las dos cosas".

A su entender, esto supone un "problema personal, familiar y social" y ha recordado que una persona en prisión cuesta 25.000 euros al año, para preguntarse "cuántas medidas de prevención se podrían" realizar con ese dinero. Al respecto, ha defendido la necesidad de buscar alternativas a la cárcel para los delincuentes enfermos mentales porque esta "no garantiza su correcto tratamiento y rehabilitación".

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