Un total de 26 trabajadores de 'Sevilla Global', una sociedad anónima participada en solitario por el Ayuntamiento hispalense, ha elevado al juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 un recurso contra la disolución resuelta por el Consistorio para esta empresa, extremo comprendido en el acuerdo plenario que daba luz verde al plan de ajuste de esta administración local. El Ayuntamiento, por su parte, podría debatir ya en el próximo pleno ordinario la aprobación definitiva del expediente de disolución iniciado el pasado mes de marzo, toda vez que esta medida será acompañada de un expediente de regulación de empleo (ERE) de carácter extintivo pero aún por formalizar.

En concreto, una diligencia fechada el 6 de junio por el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 12 y recogida por Europa Press, refleja que el acto administrativo objeto de recurso no es otro que el acuerdo plenario que, el 30 de marzo, daba luz verde al plan de ajuste promovido por el Ayuntamiento para acogerse al real decreto Ley 4/2012, que estipula vías de financiación para que las administraciones salden sus deudas con los proveedores a cambio de sacrificios inversores y contracción del gasto corriente. Este plan, como se recordará, contemplaba entre otros muchos aspectos la disolución de las sociedades municipales 'Giralda TV' y 'Sevilla Global'.

Expediente de disolución

Entretanto, el pleno ordinario que el Ayuntamiento debe celebrar el próximo 3 de julio habría de debatir, y previsiblemente aprobar dada la mayoría absoluta con la que cuenta el PP, el texto definitivo de este expediente de disolución. A partir de entonces, la plantilla sería sometida a un expediente de regulación de empleo extintivo con efectos sobre todos y cada uno de los 52 empleados. El Ayuntamiento hispalense, no obstante, defiende que estudia la posibilidad de reintegrar en sus delegaciones a los trabajadores de 'Sevilla Global' que pertenezcan a determinados servicios, un extremo que aún habría de madurar.

El comité de empresa, de su lado, trasladó ya al consejo de administración de esta sociedad anónima un escrito defendiendo que es "radicalmente falso" que un "imperativo legal" obligase a disolver la empresa, aspecto inicialmente asociado al plan de ajuste acordado por el Consistorio para acogerse al real decreto Ley 4/2012. Posteriormente, el Consistorio atribuyó esta decisión a una supuesta ausencia de "eficacia o eficiencia" y a una "duplicidad" de servicios con relación al propio Ayuntamiento de Sevilla.

"mero capricho" político

De cualquier manera, el comité de empresa entendía que la disolución, con efectos sobre 52 trabajadores, responde a "un mero capricho del interventor municipal y de los miembros de la Corporación que han votado a favor (...), dañando a las personas que trabajamos honradamente en esta sociedad".