El concejal del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pablo Muñoz, ha solicitado retirar el convenio aprobado inicialmente para trasladar la empresa de armamento militar Instalaza desde la calle Monreal en las inmediaciones del Parque Bruil a otro punto alejado del casco urbano, al argumentar que "no se justifica el coste".

Este último, según la documentación que ha aportado la empresa para solicitar el traslado de las instalaciones, se eleva a unos cuatro millones de euros, "pero no hay informe que avale esta cuantía", ha recalcado Muñoz, para añadir que "no está justificado este regalo", en referencia a otras condiciones que recoge el convenio.

Una de estas condiciones incluye "duplicar los aprovechamientos urbanísticos", de modo que frente a la construcción de 86 viviendas que reconocería el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por lo 10.865 metros cuadrados de superficie de las instalaciones se llegaría a 160 viviendas.

En rueda de prensa, Muñoz ha recordado que tras la aprobación inicial —con los votos del PSOE y PP, la abstención de CHA y el voto en contra de IU—, este convenio está en fase de resolución de las alegaciones presentadas por las entidades afectadas, en las que argumentan que "no está justificada este aumento de viviendas porque conlleva una densidad demasiado grande y, además, hay que incrementar las dotaciones de suelo para servicios públicos".

En este punto, Muñoz ha criticado que "se acoge a una excepción que recoge la Ley urbanística de modo que si estos servicios ya están cubiertos en la zona se puede compensar con los existentes".

"ABERRACIÓN"

Otro aspecto que ha citado es que la empresa ha bajado de actividad desde que España se adhiriera al Tratado de Dublín, que prohíbe la producción de las bombas racimo, motivo por que en su día la empresa "reclamó al Gobierno de España 40 millones de indemnización y que está pendiente de resolver en la Audiencia Nacional".

Puesto que cuando se reclama esta indemnización ostentaba el cargo de consejero delegado de Instalaza el actual Ministro de Defensa, Pedro Morenés, el concejal de IU ha calificado de "aberración que un ministro defienda la posición en un recurso jurídico en el que hay una clara colisión de intereses públicos".

Muñoz ha justificado la presentación de esta petición al argumentar que el Ayuntamiento se encuentra inmerso en un grupo de trabajo de venta de patrimonio municipal para conseguir más financiación "y no es de recibo tener abierto un convenio que cuesta más de cuatro millones de euros a las arcas municipales".

Así, ha dejado claro que hasta que no se resuelvan las alegaciones y se apruebe deforma definitiva "no hay derecho a indemnización" y ha apostillado que la "geometría variable" del Ayuntamiento ha variado en referencia a que el PSOE, CHA e IU suman la mayoría para paralizar este convenio.