Las tres personas que permanecen en prisión a cuenta de su imputación por hacerse pasar por fiscales o peritos judiciales para llevar a cabo distintas estafas relacionadas con la venta de pisos embargados, estafa dentro de la cual obtuvieron casi dos millones de euros de beneficios tras engañar a 20 personas, han negado los hechos que se les imputan y se han acusado mutuamente de ser los 'cerebros' de la trama.

Así, la titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla ha tomado declaración recientemente a estos tres imputados, como son Pedro G., presunto 'cerebro' de la trama y que se hacía pasar por perito judicial; un sobrino del mítico boxeador Urtain, identificado como Aitor I.A., que decía ser fiscal, y Manuel L.A., que se hacía pasar por secretario o administrador judicial.

Fuentes del caso han informado a Europa Press de que la instructora del caso, en el que hay imputadas seis personas, considera que los tres encarcelados cometieron la presunta estafa entre agosto de 2008 y noviembre de 2011, cuando conectaron con distintas personas a las que ofrecían la adquisición de vehículos, maquinaria o bienes inmuebles que se encontraban inmersos en procesos judiciales de embargo y posterior subasta.

Estos tres imputados, que llegaron a utilizar las instalaciones del Colegio de Abogados ubicadas en los juzgados de Viapol y las dependencias de los juzgados de Huelva, lograron la entrega de unos dos millones de euros al ofrecer a las víctimas "preferencia" respecto a los demás supuestos postores de la subasta judicial, todo ello a pesar de que se trataba de "falsas" subastas ya que los inmuebles en cuestión no estaban realmente inmersos en procesos judiciales efectivos.

Según el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el sobrino de Urtain negó los hechos ya que "no se ha hecho pasar nunca ni por fiscal ni por ninguna persona con condición jurídica", sino que "es camarero y corredor de fincas", de manera que conoce al 'cerebro' de la trama, Pedro G., "porque ha trabajado con él asesorándole" como corredor.

El sobrino de urtain niega haber sido el "gancho"

Así, dijo que "no ha recibido entregas de dinero en dependencias de los juzgados de Viapol ni de ningún otro juzgado de Huelva o La Palma del Condado" y que "no ha recibido dinero de ninguna de las personas que se dicen perjudicadas" por estos hechos, por lo que tampoco "ha servido de gancho para cometer las estafas" que se le imputan. Por ello, "ignora cómo ha podido ser reconocido" por varios perjudicados como "gancho" en las presuntas estafas.

Al hilo de ello, afirmó que, cuando conoció a Pedro G. en verano de 2010, éste "se presentó como perito judicial de viviendas que eran objeto de subastas de adjudicación directa", a lo que se suma que éste imputado "tenía un despacho" en Viapol, donde era saludado "con familiaridad" por los guardias civiles de la puerta, circunstancias todas ellas que "le hicieron pensar que, efectivamente, era perito judicial".

Según aseguró, Pedro G. —que "siempre iba" en coches de alta gama— "manifestaba que realizaba el peritaje por menos cantidad y que tenía compañeros fiscales y funcionarios que le facilitaban documentación para que la subasta fuera más ágil, y que hablaba de una persona llamada Antonio que era fiscal", y además "se jactaba de que ganaba mucho dinero participando en estas subastas judiciales".

"un político de huelva"

En su declaración, el sobrino de Urtain afirmó que dos amigos "le comentaron que habían adquirido en subasta pública judicial unos coches y habían depositado el dinero a un político en Huelva", por lo que les dijo que "no entregaran el dinero hasta que no vieran el coche", tras lo que ha conocido que "se entrevistaron con Pedro G., y al no ver el coche pidieron la devolución del dinero entregado y éste se lo devolvió". Además, el imputado subrayó que sus amigos "indicaron que los tratos del coche los hicieron" con un exdiputado andaluz del PSOE.

Por último, señaló que es dueño de un BMW 500 "que tiene 14 años" y que tiene un valor de unos 1.500 euros, además de "un coche de chatarra" que adquirió para remodelarlo y una motocicleta que "debe valer" unos 2.000 euros.

El letrado que ejerce la defensa del imputado, Julián Rabadán, se ha mostrado "muy satisfecho" de "cómo va" la instrucción de la causa y ha señalado a Europa Press que, tras las últimas declaraciones, "ha quedado totalmente demostrado que Aitor no intervino en los hechos, que no se llevó dinero ni se lucró", por lo que "es una víctima, un afectado más", motivo por el que "debe ser puesto en libertad", ha aclarado.

"el director de la orquesta"

Otro de los imputados, Manuel L.A., también dijo que los hechos que se le imputan "no son ciertos", ya que "no ha recibido las cantidades que dicen los perjudicados por participar en la adquisición de inmuebles" objeto de subasta judicial, y únicamente recibió unos 50.000 euros "en presencia" de Pedro G., "que era el director de la orquesta" y que "se presentó como perito judicial dedicado a comprar casas en subasta y venderlas".

Según su relato, Pedro G. fue un día a su gestoría de La Palma del Condado "con el fin de que elaborara contratos de compraventa y obtuviera notas simples del registro de la propiedad", operaciones por las que recibió del 'cerebro' de la trama entre 7.000 y 8.000 euros en efectivo. Así, negó haber participado en estos hechos, haber elaborado documentación judicial, así como que "indicara" a Pedro G. el uso de despachos en los juzgados.

"Era Pedro G. el organizador de todo, quien buscaba los clientes y los estafaba, quien hacía y deshacía", añadió, aseverando que "no se ha presentado en ningún momento como agente judicial ni con ninguna otra categoría" en los juzgados y que, de hecho, fue él quien "levantó" esta "trama".

Cruce de acusaciones

Precisamente, Pedro G. también negó los hechos y aseguró que desde mayo de 2010 ostenta el título de perito judicial, aunque "no ha hecho peritaciones interesadas por ningún Juzgado de España y tan sólo se ha dedicado a hacer peritaciones encomendadas" por el anterior imputado, quien "le comentó que tenía casas de embargo para vender y que le buscara gente".

Por tanto, "no es cierto que haya estafado ni recibido las cantidades que se indican por los denunciantes", pues "se ha limitado a buscar clientes para Manuel L., a recibir el dinero de éstos y a entregárselo" al imputado, todo ello "ignorando que la subasta judicial era falsa", ya que era Manuel quien "llevaba la voz cantante y quien le indicó que había un despacho en Viapol que podía utilizar para dar la documentación a los clientes".

Así, insistió en que desconocía "las estafas orquestadas" por Manuel, ya que él era "un mero mandatario".