El Partido Popular defenderá el próximo jueves una proposición no de Ley en la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz en la que insta a la Junta a aplicar las mismas condiciones que la Seguridad Social para que el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) proceda a la devolución del anticipo reintegrable concedido por la administración autonómica tras su disolución en el año 2006.

En concreto, el PP-A emplaza al Ejecutivo andaluz a "adoptar cuantas medidas sean necesarias para que la devolución del anticipo reintegrable se produzca en los mismos términos en los que el Gobierno de la Nación, teniendo en cuenta la excepcionalidad de las circunstancias de la disolución, ha previsto para la devolución de las cuantías adeudadas a la Seguridad Social y Hacienda generadas en el periodo 1991-2006, un plazo de amortización de cuarenta años y un tipo de interés aplicable del uno por ciento".

En la iniciativa, que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara y a la que ha tenido acceso Europa Press, el Grupo Popular recuerda que la disolución del consistorio marbellí "fue consecuencia de las excepcionales circunstancias creadas tras 15 años de caótica e irregular gestión del municipio, comprometiendo su viabilidad, expoliando sistemáticamente su patrimonio y dejando como herencia una situación económica que las corporaciones presentes y futuras deberán soportar".

"Tal fue la situación creada que, a día de hoy, Marbella sigue siendo el único caso de disolución desde la entrada en vigor de la Constitución española de 1978", subraya el PP-A, que destaca que "la gravedad y excepcionalidad de la situación fue entendida por el propio Gobierno andaluz que, ante el déficit de recursos para poder hacer frente a la administración ordinaria y para iniciar la normalización del municipio, reguló por Ley un instrumento financiero por el que se autorizaba la concesión, con carácter extraordinario, de un anticipo reintegrable por un importe máximo de 100 millones de euros".

Según recuerdan los populares, dicha ley fijaba un plazo máximo de 10 años para su total devolución contados desde el último desembolso del anticipo. Con posterioridad, se suscribió un convenio de colaboración en diciembre de 2010 para la devolución del anticipo concedido por la Junta donde se prevén "cuotas trimestrales crecientes que llevarían en el año 2017 a pagar 7.550.000 euros al trimestre".

"EXCEPCIONALIDAD"

A juicio del PP-A, "es evidente que cuantías como la indicada difícilmente pueden ser asumidas por ninguna corporación, y mucho menos en los momentos de crisis económica que atraviesa el país", por lo que defiende que "la excepcionalidad que llevó a la disolución del Ayuntamiento y a la aprobación de la Ley 5/2006 debe llevarnos a la conclusión de que los términos de la amortización de este anticipo deben ser también extraordinarios".

En este sentido, el Grupo Popular destaca que el Gobierno de la Nación ha incluido una disposición adicional en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2012 que permite el pago de la deuda acumulada con Seguridad Social y Hacienda desde 1991 hasta 2006 "en un plazo de 40 años y con un interés aplicable del uno por ciento".

Por último, los populares recuerdan que el propio Parlamento andaluz aprobó en octubre de 2010 una proposición no de Ley instando al Gobierno de la Nación a "impulsar las medidas necesarias para que los bienes incautados en la Operación Malaya y demás procedimientos judiciales relacionados con gobiernos municipales, desde 1991 a 2006, en el Ayuntamiento de Marbella, se destinen a restituir el daño patrimonial que se ha ocasionado a dicho Consistorio".