El secretario general del PSPV, Ximo Puig, ha subrayado su deseo de que "el conocido como tercer grupo parlamentario en Les Corts", y que, según ha explicado, lo conforman los cargos públicos "imputados" del PP de la Comunitat Valenciana, empezara a "disolverse", y ha insistido en la necesidad de "regenerar la democracia" para recuperar la confianza de la ciudadanía.

Puig ha realizado estas declaraciones a los periodistas antes de participar en la inauguración del II Congreso Provincial del PSPV de Alicante, que se celebra este sábado en la capital alicantina, y del que saldrá el nuevo dirigente de los socialistas alicantinos, un cargo al que, hasta el momento, únicamente ha presentado su candidatura el edil de Aspe (Alicante) y diputado David Cerdán, en colaboración con el diputado nacional Herick Campos.

Al ser preguntado sobre la posible inclusión en la Ejecutiva alicantina del exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós, quien dimitió por su posible implicación en una de las ramas derivadas del caso Brugal, Puig ha manifestado que desconoce quién va a entrar en la nueva ejecutiva, y ha agregado que ésa es una decisión que tiene que tomar el Congreso y que propondrá el nuevo secretario general. "El Congreso es legítimo, democrático, y son los militantes, a través de los delegados, quienes decidirán", ha apuntado.

En este sentido, y al ser cuestionado sobre si aprobaría la inclusión de Amorós en caso de confirmares, ha recalcado que no sabe "si hay alguna persona imputada como tal", si bien ha incidido en que el PSPV tiene "tolerancia cero" con la corrupción.

"Lo hemos demostrado por activa y pasiva. Lo que sí me gustaría es que ese llamado tercer grupo parlamentario en Les Corts, que es el que forman los imputados del PP, empezaran a disolverse", ha apuntado, al tiempo que ha incidido en que "en el momento en que hubiera alguna imputación que afectara a algún miembro socialista se actuaría con total contundencia".

"tenemos que regenerar la democracia"

Además, ha enfatizado que en la Comunitat, además de una crisis económica, hay una crisis moral y ética. "Eso hay que resolverlo, y quien tiene que liderarlo es quien está en el Gobierno, y el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, no puede decir una cosa y hacer otra", y ha citado los casos del síndic del PPCV en Les Corts, Rafael Blasco, o el del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

"Tenemos que regenerar la democracia, porque sin su regeneración, no nos van a creer, y cada partido tiene que tomar sus decisiones", ha añadido.

Preguntado nuevamente sobre la posible imputación de Amorós, ha indicado que "no se pueden tomar decisiones por lo que aparece en los medios de comunicación" y ha afirmado que hay que distinguir lo que son las responsabilidades políticas de las penales, "porque hay muchas cosas que pueden no tener ninguna consecuencia penal, pero son impresentables a nivel político".

"Por ejemplo, el caso Blasco, poco me importa si está imputado o no, pero si se roba a la gente que más lo necesita, del tercer mundo, en base a su competencia política, es evidente que no puede durar ni un día más en su cargo público", ha puntualizado.