El diputado del Grupo Popular, Miguel Cabrera Pérez-Camacho, ha anunciado ante el Pleno del Parlamento que va a animar al Estado y a los afectados a que presenten un recurso de inconstitucionalidad contra el Proyecto de Ley de Medidas Administrativas y Fiscales del Gobierno de Canarias porque "no sirve para nada".

En el turno de réplica del debate sobre la enmienda a la totalidad, ha dicho que el Gobierno canario ha sido "injusto" con el sector turístico y ha advertido de que "fiscalizará" la aplicación del proyecto en lo relativo a la edad de jubilación de los empleados públicos.

El consejero de Presidencia y Justicia, Francisco Hernández Spínola, se ha mostrado "tranquilo" porque el proyecto cumple con el Estatuto de Autonomía y la Constitución, y ha lamentado que el PP no haya planteado "alternativas". Asimismo, ha recordado que cuando estaban en el Gobierno votaron a favor del sistema de financiación autonómica y apoyaron la Policía Canaria y la Televisión Canaria.

Ha acusado al Grupo Popular de "pereza" por no presentar propuestas y cree que si el Ejecutivo siguiera los planes del PP, Canarias sería "intervenida por los hombres de negro". Asimismo, ha negado que no haya apoyo a las medidas ya que el Ejecutivo cuenta con 36 diputados que son el "reflejo" de la voluntad popular.

Decisiones "dolorosas"

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda, Javier González Ortiz, ha dicho que Cabrera no puede "arrogarse" la competencia del Estado, y ha reconocido que las medidas de ajuste son "dolorosas" pero "valientes". "Tenemos que reducir gastos para cubrir el presupuesto, y nos hemos rebelado en el CPFF", ha destacado.

En esa línea, ha recordado que Canarias es la Comunidad Autónoma peor financiada y más castigada en inversiones. "Si el Estado no hubiera quitado 800 millones, no habría que subir impuestos", ha indicado.

El portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez (NC), ha calificado la subida de impuestos de "intensa e indebida" y ha criticado el "derrotismo" del Ejecutivo de asumir unos recortes que no cuentan con el "consenso" de empresarios, sindicatos e instituciones.