El PSOE ha denunciado que el Gobierno ha dado una "nueva vuelta de tuerca" a la amnistía fiscal mediante una disposición final en el Decreto-Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios que se ha votado este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Según ha explicado la ponente socialista Puerto Gallego, diputada por Cantabria, el Ejecutivo de Mariano Rajoy da "trece meses más" para acogerse a la amnistía fiscal "a los defraudadores que han utilizado sociedades interpuestas y opacas para ocultar la titularidad de sus bienes".

La socialista ha denunciado el "trato de favor" que, en su opinión, da el Gobierno a "defraudadores con sociedades en paraísos fiscales".

Gallego también ha explicado que la nueva regulación permite que cuando el titular jurídico del bien o derecho objeto de la declaración tributaria especial no resida España y no coincida con el titular real, se pueda considerar titular a este último siempre que llegue a ostentar la titularidad jurídica de los bienes o derechos con anterioridad a 31 de diciembre de 2013.

Esta previsión afecta principalmente, como ha añadido, a aquellos contribuyentes que, además de no cumplir con sus obligaciones tributarias como el resto de los ciudadanos, han acudido a la organización de estructuras complejas para ocultar la real titularidad de los bienes, como son los testaferros, truts o fideicomisos.

La diputada se ha opuesto a este "trato de favor", que considera "inadmisible" y demuestra, además, que detrás de la amnistía fiscal "no sólo hay intereses recaudatorios sino una clara intención de beneficiar a los grandes defraudadores".

Además, Puerto Gallego ha recordado que el Consejo de Estado rechazó introducir esta norma en la orden por la que se aprueba la declaración tributaria especial, "por carecer de habilitación legal".

Ha señalado en este sentido que, pese a estar de acuerdo con la mayor parte del decreto, los socialistas no pueden apoyar esta norma que "introduce de tapadillo una ampliación de la amnistía fiscal".

Se trata, ha dicho, de una medida que "carece de toda justificación ética y moral y que atenta contra la justicia social al castigar a quienes cumplen con Hacienda y beneficia los defraudadores".

La diputada ha indicado por último que a estos "sofisticados defraudadores" se les otorga un plazo adicional de "trece meses más" para "poner a su nombre los bienes, bastando en este momento que declaren que son los titulares reales de los mismos aunque no sea así ni formal ni jurídicamente".