El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado este jueves la modificación del límite máximo de endeudamiento a largo plazo para 2012 con el fin de hacer posible el pago a proveedores en 1.052 millones de euros para pagar finalmente a un total de 2.137 empresas que se han acogido al mecanismo extraordinario de financiación del Gobierno.

En total la Junta debe a sus proveedores 1.066 millones de euros, aunque finalmente a este mecanismo a través de que se renuncia a los intereses de demora se han acogido empresas cuyas facturas totales suman una deuda de 1.052,7 millones.

En concreto, el pasado 29 de marzo la Junta aprobó adherirse al mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, que se había pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del día 6 de ese mismo mes. Con ello se daba el primer paso para abonar la deuda pendiente de años anteriores a las empresas que efectúan obras, suministros o servicios para la Administración autonómica.

Tras solicitar la incorporación al sistema antes del 1 de abril, la Consejería de Hacienda envió al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas un listado con las facturas susceptibles de financiar mediante esta línea de préstamo. El 30 de abril la Junta cumplió con el último requisito: remitir al Gobierno de España un Plan de Ajuste acorde a las instrucciones de la Secretaría del CPFF, es decir, con medidas de ahorro e incremento de ingresos dirigidas a cumplir el objetivo de déficit del -1,5 por ciento para este año-.

A partir de ahí se abrió un plazo -que concluyó el 22 de mayo- para que los proveedores que lo desearan se acogieran voluntariamente a esta fórmula de cobro. Así lo han hecho 2.137 empresas, a las que la Junta de Castilla y León abonará 287.482 facturas por un importe total de 1.052.738.698 euros.

Línea de crédito del ico

El mecanismo extraordinario para el pago a proveedores consiste en un préstamo que el Gobierno pone a disposición de las autonomías a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). En definitiva, supone una inyección inmediata de recursos en un momento en que todas las administraciones se enfrentan a dificultades para obtener financiación. Ahora bien, puesto que se trata de un crédito, obliga a revisar el endeudamiento máximo a largo plazo.

Junto a esto, el expediente autoriza a la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a adoptar las medidas necesarias para la ejecución del acuerdo y, en particular, a aprobar y firmar las operaciones de préstamo que permitirán satisfacer las obligaciones atrasadas con los acreedores -1.052,7 millones de euros-.