La Audiencia de Sevilla ha dejado libre, bajo fianza de 150.000 euros, a Juan Francisco Trujillo, chófer del exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que está encarcelado por los ERE falsos desde el 22 de marzo, por su colaboración para esclarecer el caso y descubrir nuevos delitos.

La Sección Séptima de la Audiencia, en un auto al que ha tenido acceso Efe, basa su decisión en que Trujillo tiene arraigo familiar en Jaén, donde reside, en que su capacidad para destruir pruebas es "cuestionable", en que está siendo investigado desde hace dos años por presunto delito fiscal en los 1,3 millones de euros que recibió de la Junta y en que ha sido objeto de varios registros domiciliarios.

Además, en la causa por los ERE fraudulentos "siempre ha comparecido a los múltiples llamamientos que se le han dirigido, ofreciendo desde el inicio una actitud colaboradora, declarando con amplitud de detalles y aportando multitud de datos e información".

Todo ello "en la práctica, está facilitando el esclarecimiento de los hechos que le atañen, permitiendo abrir diversas líneas de investigación y dirigir la causa contra otras personas físicas y jurídicas".

El auto, por tanto, anula la orden de prisión que dictó en marzo pasado la juez Mercedes Alaya, en la primera ocasión en que la Audiencia se ha pronunciado sobre una de las tres personas que permanecen encarceladas por los ERE: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y su chófer, Juan Francisco Trujillo.

Trujillo ingresó en prisión comunicada y sin fianza el 22 de marzo, imputado por un total de 22 delitos, entre ellos haber percibido 1,3 millones de euros de la Junta para sus empresas ficticias y haber conseguido otros 122.649 euros para su madre.

La Audiencia, en cambio, rechaza el argumento de Antonio Aguilar, abogado del acusado, de que la mayoría de los delitos que se le imputan están prescritos, ya que se trata de delitos continuados, muchos de ellos en concurso unos con otros, lo que permitirá la aplicación de una futura condena en su grado superior.

Los jueces reconocen que, como consecuencia de la repercusión del caso de los ERE, el acusado puede haber perdido arraigo social pero no familiar, pues tiene esposa y dos hijos de 13 y 20 años, y la propia acusación particular del PP reconoció en su recurso que el acusado "vive enclaustrado en su domicilio".

Esta circunstancia, "paradójicamente, acaso pueda propiciar el fortalecimiento de dicho arraigo familiar, aunque sea en detrimento de su arraigo social", sostiene el auto.

En la vista celebrada el pasado 6 de junio, tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares pidieron que continuara la prisión provisional de Trujillo, que figura entre el medio centenar de imputados por los ERE y otras ayudas de la Junta.

Junto a la fianza de 150.000 euros, la Audiencia impone otras condiciones como la obligación de Trujillo de comparecer en un Juzgado los lunes y miércoles, designar un domicilio donde ser localizado, que no podrá cambiar sin permiso judicial, entregar su pasaporte y no salir de España.

Trujillo se encuentra preso en la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) y fuentes del caso han indicado a Efe que posiblemente hasta dentro de unos días su familia no pueda reunir la fianza o los avales necesarios, y además su defensa tiene la posibilidad de pedir una rebaja de la cuantía.