El consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Luis Planas, ha destacado este miércoles "la gran labor" realizada por la Junta de Andalucía "desde el primer día" en la llamada 'crisis del pepino', tras el brote de E.coli en Alemania, así como el cumplimiento en el plazo establecido, —antes de octubre de 2011—, del pago de la totalidad de las solicitudes de pago presentadas que cumplían con los requisitos del Reglamento, que ascendían a 1.155 resoluciones de pago que suponían el abono de indemnizaciones a los productores afectados por un importe total de 33 millones de euros.

Durante su intervención en el Pleno del Parlamento a fin de informar sobre el balance de la gestión del Gobierno andaluz en la crisis de E.coli, Planas ha informado sobre la gestión de la situación sufrida en Andalucía a raíz de la "injustificada asociación del consumo de hortalizas frescas andaluzas" con la alerta sanitaria registrada por Alemania el pasado año tras el brote de E.coli.

Planas ha explicado que cuatro días después de la alerta (el lunes 30 de mayo) el impacto negativo de la misma se había extendido a otros países y productos. Así, Austria, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia hicieron declaraciones contra las producciones andaluzas, Francia cerró el mercado a nuestro melocotón y Rusia prohibió la entrada de todas las frutas y hortalizas europeas.

En este escenario, la Junta llevó a cabo una "gran labor" desde el primer día (26 de mayo) "enfocada a verificar mediante análisis científico la veracidad de los hechos", ha recordado Luis Planas a los parlamentarios, añadiendo que "el reconocido sistema de trazabilidad de las producciones andaluzas" permitió identificar el mismo día que los lotes de hortalizas acusados desde el país germano procedían de 13 explotaciones, hasta donde se trasladaron los trabajadores de la Consejería para recoger muestras de suelo, agua y fruto.

Según ha señalado el consejero del ramo, éstas se recibieron la noche del día siguiente en el laboratorio de Atarfe, desde donde se pusieron en marcha las labores de coordinación con el Laboratorio Nacional de Referencia de Lugo para obtener finalmente un resultado negativo de los análisis.

De forma paralela, se creó una comisión de trabajo permanente en la que colaboraban gobierno regional y central, y se comenzó a estudiar la posibilidad de reclamar indemnizaciones económicas con cargo a los mecanismos de crisis establecidos en la Política Agrícola Común (PAC). Tras articularse las medidas excepcionales europeas, "y con un escaso margen temporal, establecimos un sistema que permitiera poner a disposición de los productores los complejos mecanismos de crisis", ha reseñado el consejero, "ya que era necesario hacer comprensible para los usuarios todos los requisitos exigidos por la estricta normativa comunitaria".

El consejero ha expuesto en el Parlamento que, con esta finalidad, la Consejería tomó parte en numerosas reuniones tanto con las administraciones implicadas como con los representantes del sector. Concretamente, desde el 9 de julio se celebraron una decena de encuentros informativos en Almería y Málaga.

Limitaciones indemnizatorias

Durante su intervención, Luis Planas ha hecho hincapié en las limitaciones del sistema indemnizatorio en cuanto al presupuesto, a los productos contemplados —calabacín, lechuga, pepino, pimiento y tomate— y al tiempo. En referencia a este último condicionante, el consejero ha resaltado que en poco más de 20 días se gestionaron y subsanaron más de 2.400 comunicaciones presentadas por los productores afectados. Asimismo, se ha referido a que los trabajadores de la Consejería verificaron el cumplimiento de los requisitos comunitarios y la acreditación de las pérdidas notificadas en todas las solicitudes.

Con el fin de facilitar el acceso a las ayudas por parte de los afectados, el consejero ha explicado a los parlamentarios que desde la Junta de Andalucía se simplificó la documentación relativa a los mecanismos de gestión de crisis recogidos en el Reglamento europeo -retirada de producción y renuncia de cosecha- y se habilitó un espacio en la página web de la Consejería donde "se difundían al sector, prácticamente a tiempo real, toda la información y formularios disponibles".

Destacan especialmente, según ha señalado, el sistema de gestión diseñado para cubrir las operaciones de destrucción de cosecha o producto realizadas y los controles in situ sobre las cosechas y productos retirados efectuados por los técnicos de la Consejería. En concreto, ascendieron a 3.245 inspecciones de control de campo.

Continuando con el proceso de gestión de las indemnizaciones, se revisaron más de 1.500 solicitudes de pago registradas, comenzándose el abono de las primeras compensaciones sólo 44 días después de que finalizara el plazo de presentación de las mismas.

Intervención de los grupos

En el turno de intervención de los grupos, el diputado del PSOE-A Miguel Castellano ha dicho que la coordinación entre la Junta y el Gobierno de la Nación ofreció en esta crisis una "respuesta pronta y solvente" en un plazo de tiempo "corto". "La respuesta desde el primer momento fue eficaz y eficiente", ha apuntado el parlamentario, quien ha añadido que se hizo posible que "la voz de Andalucía" se escuchara de forma coordinada ante Bruselas, la Unión Europa y la canciller alemana Angela Merkel.

Por su parte, el diputado del PP-A José Cara ha manifestado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no estuvo "a la altura de las circunstancias" porque no lo trató como "un asunto de Estado". Además, según ha indicado, solo se ha pagado el 59 por ciento de las ayudas que en un principio iba a recibir Andalucía, siendo la comunidad "donde hay más diferencias en lo que se dijo que se iba a pagar y lo que finalmente se ha pagado, con un total de 55,4 millones".

Finalmente, la diputada de IULV-CA María Dolores Quintana ha destacado que un año después de 'la crisis del pepino' aún queda entre un cinco y un seis por ciento de expedientes en relación a indemnizaciones sin resolver por algún tipo de incidencia. En su opinión, lo ocurrido ha supuesto un "daño irreparable" al sector agrícola español y andaluz, pese a que se ha intentado reforzar la imagen de los productos hortofrutícolas de Andalucía y a que "poco a poco" a poco se ha ido recuperando.