El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha expuesto este miércoles ante la comisión parlamentaria del ramo las principales reivindicaciones que el Gobierno trasladará durante la negociación de la reforma de la Política Agraria Común (PAC), que pasan fundamentalmente por el mantenimiento de la dotación presupuestaria.

Según ha explicado, la reforma de la PAC "deberá supeditarse al mantenimiento de las dotaciones presupuestarias" actuales, ya que la propuesta presentada por la Comisión Europea (CE) es "el mínimo aceptable" para España. En esta línea, se pedirán nuevos instrumentos que permitan aprovechar "al máximo" los límites financieros de cada Estado para evitar remanentes al final de los ejercicios.

Así, ha avanzado que el Gobierno apoyará el deseo del Ejecutivo comunitario de "establecer una convergencia progresiva y limitada de las ayudas medias por hectárea entre estados miembro" siempre y cuando cada país pueda "limitar la superficie sobre la que aplicar los pagos directos a una superficie del orden de magnitud de la utilizada en el cálculo de la convergencia". En el caso de España, esta superficie sería de 21 millones de hectáreas.

En la misma línea, se defenderá el mantenimiento de las limitaciones de producción tal y como está configurada actualmente en relación con los derechos de plantación de viñedos, la cuota láctea y la remolacha.

Transición a un modelo regional

Asimismo, España también defenderá la transición hacia un modelo regional que se "limite a un porcentaje de las ayudas que permita un cierto reequilibrio sin poner en peligro determinadas producciones y territorios". "El periodo transitorio debe ser lo más amplio posible, y se propone que los derechos históricos puedan representar el 90% del Pago Base al inicio y un porcentaje a determinar al final", ha precisado el ministro.

En este sentido, también se ha mostrado favorable a que se apliquen "criterios flexibles" de carácter "mixto, administrativo, económico o de potencial" en el Pago Básico, siempre dentro de un enfoque nacional.

También se reclamará que el pago a jóvenes agricultores sea obligatorio, "debiéndose destinar un 2% de las ayudas directas" a este colectivo, y que sea "flexible y ambicioso" en su aplicación, incluyéndose la posibilidad de extender esta modalidad a "otros sectores en dificultades con relevancia socioeconómica o medioambiental".

Por su parte, el régimen para pequeños agricultores debe servir para "simplificar la gestión de forma real y efectiva" mediante, por ejemplo, la inclusión "automática" de los agricultores que cumplan las condiciones "salvo que se manifiesten en contra".

Componente verde

Con respecto a las exigencias medioambientales en relación con la agricultura que se pretende incluir en la PAC, España considera "excesivo" obligar a destinar el 30% de las ayudas directas al llamado 'componente verde', y pedirá que se reduzcan las cantidades y que las penalizaciones por incumplimiento se limiten a este importe, sin poder afectar al Pago Base.

"Las medidas deben proporcionar beneficios ambientales sin poner en peligro la competitividad y viabilidad de las explotaciones. La superficie de tierras de cultivo sujeta a diversificación debe elevarse y el número de cultivos reducirse; el porcentaje de superficie de interés ecológico debe reducirse e incluir como tal los cultivos permanentes, los cultivos bajo agua y las leguminosas; y el mantenimiento de la superficie de pastos permanentes deber realizarse a nivel de país", ha añadido el ministro.

Por otra parte, el pago de ayudas para zonas con limitaciones naturales debe "permitir abordar situaciones y problemas específicos" que provoque la reforma de la PAC y también debe ser "prioritario" establecer una "red de seguridad" para el sector agrario que incluya "medidas de mercado más eficaces, rápidas y automáticas que permitan el desencadenamiento del almacenamiento público y privado sin retrasos innecesarios mediante precios de referencia actualizados".

Consumidores y productores

Con relación a los consumidores, el Gobierno español cree que las medidas para recuperar la confianza deben ser financiadas totalmente por la UE, que también tendría que incluir las producciones vegetales en las medidas extraordinarias que cubran "posibles restricciones al comercio como consecuencia de la lucha contra plagas y enfermedades de los vegetales".

También se intentará que la reforma de la PAC permita "mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ampliando las funciones y los fines de las organizaciones de productores e interprofesionales" para que "tengan mayor protagonismo en la gestión de los mercados y el control de la oferta".

Con este objetivo se plantearán propuestas como introducir excepciones en la normativa sobre competencia para tener en cuenta las especificidades del sistema agroalimentario o tomar el 'paquete lácteo' como referencia de mejora del poder de negociación de los agricultores y de refuerzo de las negociaciones contractuales para estudiar su extensión a otros sectores.

Negociación con las comunidades autónomas

"La reforma de la PAC debe incorporar los recursos financieros, las medidas y los elementos de flexibilidad necesarios que permitan su aplicación integrada y coherente dentro de una política agraria española que tiene como propósito hacer de nuestro sistema agroalimentario un referente dentro y fuera de Europa", ha zanjado Cañete.

Por último, ha precisado que el próximo viernes se reunirá con los responsables autonómicos de agricultura para consensuar la postura española en la negociación, y ha avanzado que el día 18 los ponentes de la reforma presentarán al Parlamento Europeo sus informes, por lo que los representantes españoles trasladarán a los europarlamentarios de todos los grupos las enmiendas pactadas entre Gobierno y comunidades para "intentar tener el máximo apoyo" en sede parlamentaria.