El exalcalde de la localidad malagueña de Casarabonela Sebastián Gómez ha asegurado que no tuvo advertencia de ilegalidad a la hora de conceder determinadas licencias solicitadas para la ampliación, reforma de viviendas o para almacenes de aperos, por las que se le ha empezado a juzgar este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga junto a una arquitecta municipal.

La Fiscalía de Medio Ambiente solicita dos años de prisión e inhabilitación por 10 años para el exregidor socialista, al que acusa de delito de prevaricación urbanística por acción o por omisión, según el caso, en relación con 10 expedientes de obras solicitadas en 2004 y 2005 para actuaciones en suelo no urbanizable, donde finalmente, según la acusación, se construyó una cosa diferente.

El fiscal cree que era conocedor de los requisitos legales para la construcción en el campo y que urdió "un modo de sortearlos y dar apariencia legal a sus resoluciones", facilitando "la construcción y ampliación de viviendas de recreo y otros usos desvinculados de explotaciones agrícolas o ganaderas". Contrató a la acusada para "poder controlar e indicarle el sentido de los informes".

Gómez ha asegurado que "siempre" entendieron estos expedientes como de obra menor y que el entonces secretario municipal les dijo que en vez de hacer dos informes, uno técnico y otro jurídico, la arquitecta podía hacer uno sólo. "Entonces no me pareció mal", ha dicho, apuntando que dicha profesional, que está también acusada, era la que hacía al mismo tiempo los decretos de concesión.

Ha incidido en que se siguieron las directrices dadas por la Junta de Andalucía en cuanto a planes de actuación en los expedientes de pequeñas ampliaciones como los analizados, insistiendo en que no eran licencias para nueva planta. También ha dicho que "nunca" quisieron eludir el control de dicha administración y que intentaron asesorarse para poder resolver las demandas de los ciudadanos.

Además, ha manifestado que "siempre hemos intentado actuar conforme a la legalidad", aunque ha apuntado que al principio de aplicación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) existía "cierto desconocimiento" y una sensación "generalizada" de que la norma "no concretaba" determinados aspectos, como la vinculación de construcciones a explotaciones agrícolas.

Respecto a la comprobación de si lo construido se ajustaba a la licencia, ha admitido que no se hacía "porque era materialmente imposible" por falta de medios humanos y materiales para hacerlo, aunque ha incidido en que en cuanto tuvieron conocimiento de que podía haber irregularidades, a raíz de este procedimiento judicial, sí se iniciaron expedientes de disciplina urbanística.

Ha querido dejar claro que Casarabonela "no es un ejemplo de un urbanismo salvaje" y que en sus habitantes no ha habido una actuación de ilegalidad urbanística generalizada. "Hemos batallado para que no hubiera un desmán urbanístico", ha asegurado el exregidor socialista, quien ha asegurado que en ningún momento dio órdenes para que no se inspeccionaran las construcciones.

Respecto a la otra acusada, a la que según el fiscal el acusado contrató para "prescindir de los servicios técnico-jurídicos" de la Diputación y poder "indicarle el sentido que debía tener cada informe", ha indicado que "no éramos enemigos, pero tampoco la consideraba amiga"; de hecho, ha apuntado, la relación laboral terminó en una demanda por despido improcedente que ella ganó.

Tras declarar la otra acusada y varios testigos, el juicio continuará el próximo 3 de julio, ya que falta la declaración del que era secretario municipal en esos momentos. Ese día también se celebrarán los informes finales de las partes.