Fijado para el 28 de septiembre el juicio con jurado por el presunto cohecho en Mercasevilla

La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el 28 de septiembre el inicio del juicio con jurado popular por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado en la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla. A cuenta de los hechos, están acusados por un posible delito de cohecho el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos, Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que ese día se constituirá el jurado, mientras que ya el día 1 de octubre tendrían lugar las alegaciones de las partes personadas en el procedimiento y comenzarían las declaraciones de los acusados. Está previsto que el juicio se prolongue durante una semana. Para cada uno de los acusados, la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.

La Audiencia Provincial de Sevilla ha fijado para el 28 de septiembre el inicio del juicio con jurado popular por el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales investigado en la sociedad gestora del mercado central hispalense, Mercasevilla. A cuenta de los hechos, están acusados por un posible delito de cohecho el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet; su antiguo director adjunto, Daniel Ponce; el exdelegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y María Regla Pereira, coordinadora de proyectos de la ya extinta Fundación Socioasistencial de Mercasevilla cuando ocurrieron los hechos,

Fuentes judiciales han informado a Europa Press de que ese día se constituirá el jurado, mientras que ya el día 1 de octubre tendrían lugar las alegaciones de las partes personadas en el procedimiento y comenzarían las declaraciones de los acusados. Está previsto que el juicio se prolongue durante una semana. Para cada uno de los acusados, la Fiscalía pide una sanción de 900.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de 21 meses a cuenta de un presunto delito de cohecho.

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