La Fundación Cela recurrirá la sentencia por la herencia del Nóbel para "salvaguardar su legado" y el de la entidad

La Fundación Camilo José Cela trabaja ya en la elaboración del recurso que presentará ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ratifica la obligación tanto de la viuda del Premio Nóbel, Marina Castaño, como de la Fundación de pagar más de cinco millones de euros a Camilo José Cela Conde para que disponga de dos tercios de la herencia de su padre --lo que se conoce como la 'legítima'--.

La Fundación Camilo José Cela trabaja ya en la elaboración del recurso que presentará ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que ratifica la obligación tanto de la viuda del Premio Nóbel, Marina Castaño, como de la Fundación de pagar más de cinco millones de euros a Camilo José Cela Conde para que disponga de dos tercios de la herencia de su padre —lo que se conoce como la 'legítima'—.

Según ha explicado a Europa Press la gerente de la Fundación, Covadonga Rodríguez, la intención de este recurso es "salvaguardar el legado tanto de la Fundación como del Premio Nóbel", algo para lo que la entidad "agotará todas las vías legales".

Aunque en un principio "no figuraba dentro de la orden del día", el Patronato de la Fundación, que se reunió este martes en Iria Flavia, dio el visto bueno a la decisión de interponer el recurso, en el que ya se está trabajando y que será presentado "dentro del plazo legal"

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid confirma un auto previo, que data de 2010, en el que se obliga a Marina Castaño a pagar 3,9 millones de euros al hijo de Camilo José Cela, mientras que la Fundación debe abonarle los restantes 1,18 millones de euros para cumplir el mínimo legítimo de dos tercios de herencia.

Aunque este recurso no prosperase, la Fundación considera que "podrá hacer frente por ella misma" al pago de los casi 2 millones de euros que le corresponden, "sin recurrir a terceras partes.

En este sentido, Rodríguez ha explicado que la Fundación, tras recibir el fallo provisional en enero de 2010, decidió aprovisionar el importe que establecía la sentencia en previsión de que pudiese ejecutarse, algo que está ya al margen de los activos de la entidad, que alcanzan los 12 millones de euros.

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