Más de mil presos y Apdha presentan una queja al Defensor por la suspensión del asesoramiento jurídico penitenciario

La entidad social adelanta que este viernes mantendrán una reunión con el consejero de Justicia e Interior de la Junta
Chamizo Con Representantes De Apdha
Chamizo Con Representantes De Apdha
EUROPA PRESS

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) y más de mil personas presas en Andalucía han presentado este miércoles una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz por la suspensión por parte de la Junta de los servicios de orientación y asistencia jurídica a las personas privadas de libertad, una medida que alcanza ya los dos meses de duración y que deriva en "una situación surrealista", según José Chamizo.

Del mismo modo, Chamizo, que ha acompañado a la coordinadora general de Apdha, Maribel Mora, y al coordinador del área de Cárceles, Valentín Aguilar, ha señalado durante la rueda de prensa celebrada este miércoles en Sevilla que "por estar en la cárcel una persona no puede perder derechos".

Apdha ha hecho entrega al Defensor de las quejas firmadas por más de 1.000 personas presas en las que se reclama la reanudación del servicio. En este sentido, Apdha ha recordado que el pasado 17 de abril se acordó por los Colegios de Abogados de Andalucía la suspensión de la asistencia jurídica en las prisiones tras "el requerimiento efectuado en tal sentido por la Consejería de Justicia de la Junta, financiador del mismo".

El servicio, según explica, prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico a las personas presas, garantizando que éstas tuvieran el debido acompañamiento. En este sentido, Chamizo ha aclarado que "no son abogados de oficios". Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad en prisión, o permisos de salida.

Además, Mora ha añadido que las funciones de este servicio se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales, el garantismo de los derechos de la población reclusa y la reinserción social. Igualmente, facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre, que puede solicitarlo libremente.

Por otro lado, Aguilar ha explicado que ante esta suspensión Apdha puso en marcha una campaña para explicar a las personas privadas de libertad en los Centros Penitenciarios andaluces la situación, ofreciéndoles modelos de quejas individuales así como la posibilidad de firmar un documento titulado 'Hoja de firmas al Defensor del Pueblo Estatal, Andaluz y Representantes políticos' exigiendo la inmediata restauración de estos servicio, pues "el acceso a los abogados es indispensable dada la situación de privación de libertad" de estas personas.

La campaña ha dado como resultado que más de mil personas presas hayan formalizado su queja en un corto periodo de tiempo. Además, a este número debe sumarse otra cifra indeterminada pero importante de quejas individuales de presos que han debido llegar o llegarán a la Oficina del Defensor.

Problemas en el centro de córdoba

Aguilar, de otro lado, ha informado de que este miércoles se presentan 650 quejas en el Defensor, a las que debe sumarse otras 500 "retenidas de manera ilegal por el Centro Penitenciario de Córdoba, extremo sobre el que se abrieron quejas en las Oficinas de los Defensores del Pueblo estatal y andaluz, donde se acuerda requerir al centro que devuelva los citados escritos a las Oficinas, o en su defecto, diera curso legal a los mismos entregándoselo al Defensor andaluz y que el Centro se abstuviera en el futuro de impedir que una campaña pacífica como ésta transcurriera con normalidad".

Además, ha adelantado que todas las firmas recogidas serán enviadas al Defensor del Pueblo estatal y andaluz, así como a otros representantes políticos con competencias en la materia, con el único fin de que, de forma pacífica, se escuchen las voces de las personas afectadas por la suspensión del servicio.

Por otra parte, Maribel Mora ha ofrecido datos sobre el Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, así en el año 2011 se atendió en Sevilla a 3.311 presos; en Córdoba 1.800; en Cádiz 1.101 presos; en Almería, 591; Málaga 539. Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última.

Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas "sin alternativa y explicación alguna a las personas afectadas, los presos". "9.000 asistencias de 16.300 presos dan luz de la importancia y utilización de este servicio para las personas privadas de libertad, que se quedan sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia", ha lamentado.

Desde el año 1998 se vienen prestando estos servicios, en virtud de acuerdos bilaterales entre los Colegios de Abogados y los centros penitenciarios, siendo sufragados a través de la Junta de Andalucía. A partir del 3 de abril de 2008 dicho sistema fue sustituido por un Convenio tripartito, entre el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, el Ministerio del Interior y de la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, que fue prorrogado indefinidamente en reunión celebrada el 28 de octubre de 2010.

Mora ha explicado que el Convenio se desarrollaba con adendas -disposiciones adicionales- anuales. La Junta de Andalucía remitió el expediente del año 2011 a la Administración central en noviembre de 2011 y ésta se está alargando en su tramitación, acumulando al día de hoy siete meses. A la presente fecha sigue pendiente de la firma por el Ministerio del Interior, que no puede hacerlo sin el informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, actualmente en proceso.

Todo ello, lamenta "está afectando a terceros administrados que no deben sufrir los malos funcionamientos de las Administraciones". "No es fácilmente previsible el retraso adicional que aún pueda acumular el citado informe pendiente, ni el resultado del mismo", ha adelantado.

Según Mora, "la situación es completamente absurda, pues la Administración central y los directores de los Centros Penitenciarios de Andalucía han considerado necesario y útil los servicios de orientación y asistencia jurídica, y la Junta de Andalucía ha estimado de interés su continuación, señalando que no existe obstáculo alguno para su financiación". "La guerra de la Administración central y autonómica continúa afectando a los más desfavorecidos", ha criticado.

El Defensor del Pueblo Andaluz se ha comprometido a impulsar las respuestas de las Administraciones implicadas, esto es, Gobierno central y Junta de Andalucía, para renovar el convenio que ha permitido prestar un servicio esencial para estas personas internas en prisión.

Solución provisional

No obstante, desde Apdha se apunta que, "de manera provisional" y mientras se resuelven los trámites burocráticos, la solución pasa por volver a la situación previa a la existencia del Convenio tripartito, es decir, que los Colegios de Abogados puedan seguir prestando este servicio a través de los Convenios de Colaboración existentes entre cada Colegio y el Ministerio, recibiendo las retribuciones correspondientes por la Junta de Andalucía.

"La Administración central no pondría obstáculo alguno a esta solución, no lo puso en el pasado", consideran desde la entidad social, por lo que creen que es "el momento de que el Gobierno confirme su postura y la Junta aclare su posición al respecto".

Por último, Valentín Aguilar ha comentado que la Junta pone como "excusa" el veto del Ministerio del Interior para la prestación del servicio, si bien, "quien paga es la Junta". Además, Maribel Mora ha adelantado que este viernes mantendrán una reunión con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, para abordar este asunto.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento