El paro, que comenzó el 14 de marzo, ha dejado en las calles de los pueblos afectados más de dos mil toneladas de basura, que comenzaron a recogerse esta madrugada, y decenas de reclamaciones de vecinos, que amenazan con no pagar los recibos. Según el catedrático de derecho financiero y decano de la facultad, Juan López, «no pagar la tasa de basura supondría una insumisión fiscal porque al final el servicio se ha realizado, pero lo que sí pueden hacer los ciudadanos es presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial por el mal funcionamiento de los servicios públicos».

Luque Sevilla, profesor de derecho administrativo, considera que «uno no debe tomarse la justicia por su mano y dejar de abonar un tributo, por lo que la medida más coherente sería, antes de un año, hacer una reclamación y solicitar daños y perjuicios por el pago de un servicio no percibido».

Luis Moreno, catedrático de derecho civil, va más allá. «El tema es complicado, pero en un principio, un ciudadano, por supuesto, puede negarse a pagar. Luego habrá que ver qué pasos sigue la Administración».

«Hay que colapsar Consumo»

Antonio Rodríguez, responsable de la UCA-UCE (Unión de Consumidores de Andalucía) en Granada, lo tiene claro: «Los usuarios deberían estar colapsando Consumo y denunciar por negación de prestación de servicios». El portavoz de UCA recomienda a los afectados que acudan a las oficinas de información al consumidor de los municipios o a la Junta Provincial de Consumo de la Junta de Andalucía (en la Gran Vía) para interponer «quejas formales contra las empresas y los ayuntamientos, primero por no recibir un servicio, y segundo, por haber estado expuestos a un claro problema sanitario».

«La situación», continúa, «es igual a la que se produce cuando Sevillana deja un barrio dos o tres horas sin electricidad». El abogado Eduardo Martín, además, considera que si «no se ha recogido la basura, esa tasa, evidentemente, debería reducirse».