Retiran acusación a 9 procesados y piden prácticamente las mismas penas para los principales

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido prácticamente las mismas peticiones de penas para los principales acusados en el caso 'Malaya', como el presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca; aunque rebaja la pena solicitada definitivamente para la exalcaldesa Marisol Yagüe. Además, ha retirado la acusación para nueve de los 95 procesados.
Todos los procesados en el caso 'Malaya' en el juicio
Todos los procesados en el caso 'Malaya' en el juicio
EUROPA PRESS

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido prácticamente las mismas peticiones de penas para los principales acusados en el caso 'Malaya', como el presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca; aunque rebaja la pena solicitada definitivamente para la exalcaldesa Marisol Yagüe. Además, ha retirado la acusación para nueve de los 95 procesados.

Todas las partes personadas en el juicio han comparecido este martes en la sesión número 180, en la que se ha realizado el trámite de conclusiones definitivas de las acusaciones, en el que tanto el fiscal como las otras dos acusaciones, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, han expuesto las principales modificaciones realizadas a sus escritos de acusación iniciales. La Abogacía del Estado ha elevado a definitivas sus conclusiones.

Así, el ministerio público acusa a Roca de los delitos de blanqueo de capitales continuado, cometido en el ámbito de una organización en la que él es el "jefe de la misma"; prevaricación administrativa, malversación, ambos como inductor; fraude y cohecho pasivo, por los que solicita en total la misma pena que antes, 30 años de prisión y multa de unos 800 millones.

En su intervención ante el Tribunal para explicar las principales modificaciones, el fiscal ha destacado que se excluye del comiso los bienes adquiridos por Roca o sus sociedades antes de junio de 1996, concretamente los relativos a dos sociedades, y también los bienes que actualmente figuran a nombre de Marbella Inversiones. También queda fuera del comiso un local propiedad de la empresa Beauty Marbella.

Asimismo, el representante de la Fiscalía Anticorrupción ha explicado que en las operaciones urbanísticas denominadas Vente Vacío y del edificio institucional de Puerto Banús se introduce una calificación alternativa al delito de malversación, que es el de apropiación indebida cometida por funcionarios públicos. Esta acusación subsidiaria sí conlleva menos penas, ya que se fija en cinco años y no de seis.

Asimismo, el fiscal ha dicho que se ha precisado el delito de cohecho pasivo para los concejales que no formaban parte de la junta de gobierno local, bajando la pena un año en estos casos. Aunque, también ha indicado que el delito de cohecho continuado, la pena mínima se ha fijado ahora en cuatro años y un día, con lo que algunos exediles ven aumentada un año la petición de cárcel realizada.

En el nuevo escrito de acusación, de 435 páginas, que ha sido entregado este martes a las partes y al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita 10 años de prisión para el exregidor Julián Muñoz y 12 años de cárcel y 18 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para la que fuera primera teniente de alcalde Isabel García Marcos, mismas penas que anteriormente.

YAGÜE

En cuanto a Yagüe, se cambia la calificación en relación con el vehículo Rolls Royce, que pasa de malversación a malversación de uso, explicando que esto se realiza en coherencia con la modificación que se hizo para el empresario Ismael Pérez Peña, que llegó a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, que supuso una rebaja de la pena de prisión, a sustituir por multa, tras aceptar los hechos. Con este cambio, la exalcaldesa se enfrenta a una petición de 16 años de prisión.

Además, el fiscal ha indicado que se configura la existencia de un delito de fraude continuado en los convenios de la sociedad Aifos respecto al hotel Guadalpín, del que responden tanto los responsables de la promotora —que ven aumentada la pena de prisión un año—, como Roca y Yagüe. Para ésta, se aclara que se le acusa del concurso de Portillo, por el que se le pedía pena en el escrito inicial, pero no aparecía identificada como responsable de delito.

En cuanto a los empresarios, se mantienen la acusación para ellos por cohecho activo, por supuestamente dar dinero a Roca para obtener resoluciones urbanísticas; y las penas solicitadas no sufren cambios respecto al primer escrito en casos como el de José Ávila Rojas, Rafael Gómez 'Sandokán', José María González de Caldas, Tomás Olivo o Cristóbal Peñarroya.

El fiscal ha dicho que se han revisado algunas penas "por omisiones o errores" en su escrito inicial, precisando que en las penas relativas al blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, por el que están acusados seis abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta, incluido éste, se añaden las inhabilitaciones profesionales, que se fijan en cinco años.

Asimismo, ha indicado que en el delito de blanqueo de capitales continuado, se establece como pena mínima la de tres años, tres meses y un día, que es la que se pide para la mujer de Roca y su hermano; mientras que se ha retirado la acusación por este delito que había contra la hija del presunto cerebro de la trama, María Roca. También se deja de acusar a otras ocho personas más, entre ellas el exedil Miguel Jiménez, acusado de cohecho.

Además de estos dos, el fiscal ha retirado la acusación para Sergio Santana, que trabajó como informático en la sociedad vinculada a Roca, Maras Asesores, donde se intervinieron archivos informáticos con supuestos pagos y cobros; para Karin Marika Mattson, empleada de otra sociedad vinculada al principal acusado; y para Ursula Quinzano, secretaria de la abogada Montserrat Corulla en una de las sociedades también relacionada a Roca.

También se deja de acusar a otras cuatro personas, procesados como presuntos testaferros, como son Hildegar Fernández, Carlos García Puente, José María Mellado y Javier Pérez Villena, en este caso, en virtud del acuerdo ya alcanzado en su momento y expresado en otra sesión del juicio. El Ayuntamiento y la Junta se han adherido y han retirado la acusación para Julio José Fernández Blanco.

El presidente del Tribunal, José Godino, ha dicho a los nueve procesados para los que se ha retirado la acusación que abandonen el banquillo de los acusados y ha anunciado que se dejará sin efecto cualquier medida que existiera respecto a ellos y que se dictará una sentencia absolutoria. El juicio se reanuda este lunes, día 18, con el trámite de conclusiones de las defensas y con el informe del fiscal, que se extenderá mañana y tarde.

Las acusaciones del Ayuntamiento y de la Junta han expuesto también las modificaciones introducidas en sus escritos de calificación iniciales, retirando la acusación por algunos delitos a determinados procesados y acusando por hechos diferentes al fiscal, en otros casos.

CORRUPCIÓN

El fiscal sigue sosteniendo que Roca logró "amasar en los últimos años un patrimonio muy importante" coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento. Para encubrir la titularidad de esos bienes, según esta acusación, "ilícitamente obtenidos", éste constituyó "una verdadera organización, integrada por un nutrido grupo de personas que, bajo su dirección, gestionaban y administraban su patrimonio".

Indica que el método utilizado para ocultar los fondos fue "la interposición de un complejo entramado de sociedades instrumentales", que servían para legitimar los bienes "mediante su transformación con otros activos" y el trasvase de fondos entre las entidades", además de para "adquirir o negociar con bienes de propiedad municipal, valiéndose de la especial posición de poder que ostentaba". Tras la moción de censura esa posición "se incrementa", dirigiéndo "totalmente el Ayuntamiento".

El fiscal asegura que Roca aprovechó esto y el procedimiento fue negociar con empresarios "que estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica", los nuevos parámetros urbanísticos de los terrenos, bajo el compromiso de incluirlos en el documento de revisión del planeamiento", así como la aprobación del convenio por las autoridades municipales y las posteriormente autorizaciones como licencias de obra y de primera ocupación.

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