El sindicato CCOO ha criticado que el Gobierno del PP "avale el rescate de la banca y no haga nada para ayudar a miles de familias que pierden sus viviendas".

En una nota, la central sindical andaluza denuncia el drama social "en cientos de miles de familias que están perdiendo sus viviendas y que, además, seguirán endeudadas de por vida" mientras que el Gobierno "avala el rescate de la banca española pero no adopta ninguna medida para rescatar a esas familias".

Además rechaza la anunciada Ley de fomento del alquiler porque supone "una clara desprotección de los inquilinos con respecto a los propietarios de las viviendas", tras lo que ha instado al Ejecutivo de Rajoy a adoptar medidas para paliar este "drama social" y a favorecer el trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por CCOO para regular la dación en pago, la paralización de los desahucios y a favor de un alquiler social. De igual forma insta a la Junta de Andalucía a cumplir la Ley de Derecho a la Vivienda.

La central sindical andaluza denuncia el drama "en cientos de miles de familias que están perdiendo sus viviendas y que, además, seguirán endeudadas de por vida". De hecho, según datos de CCOO, entre los años 2007-2011 en España se han practicado más de 350.000 ejecuciones hipotecarias, más de 65.000 de ellas en Andalucía.

Mientras este drama "se agrava día a día", el Gobierno del PP "avala el rescate de la banca española pero no adopta ninguna medida para rescatar a las familias que han perdido o están en riesgo de perder su hogar por causas sobrevenidas como es la situación de desempleo".

Por eso, el secretario de Política Institucional de CCOO-A, Juan Pérez, reclama al Ejecutivo central una ayuda, "decidida y firme", a las miles de familias que en estos momentos "están en serio riesgo de perder su vivienda por las consecuencias fatales de esta brutal crisis, entre ellas la pérdida del trabajo". "Es urgente que el gobierno del PP adopte medidas que eviten este drama social, más de 1.720.000 de hogares españoles con todos sus miembros en paro según último dato de la EPA", asegura.

CCOO rechaza la anunciada Ley de fomento del alquiler y niega que sea la reforma que necesita el mercado del alquiler para facilitar el acceso a la vivienda. "Esta ley supone otro recorte más de derechos, en este caso a los inquilinos, según Pérez, quien recuerda que el PP ha derogado las ayudas al alquiler para la emancipación de los jóvenes, que en Andalucía afectan a más de 50.000 personas, y ha repuesto la desgravación fiscal por adquisición de vivienda sin tope de renta (antes el tope era de hasta 24.000 euros).

En opinión del sindicalista, el problema actual del mercado de la vivienda "no es de oferta sino de demanda", al que hay que sumar "los efectos nocivos de una reforma laboral que no crea empleo sino que lo abarata y destruye". "Hay que emprender reformas que ayuden a crear empleo decente y normas que ofrezcan seguridad a las personas que acceden a la vivienda a través del alquiler", remarca.

Según Pérez, esta ley sitúa a los inquilinos, muchos de ellos jóvenes, en "una clara desprotección con respecto a los propietarios de las viviendas, que los coloca a sus pies". A su juicio, existen aspectos "muy perjudiciales para los inquilinos", como la actualización de la renta, que será pactada por las partes sin tener como referencia el IPC anual -implicará incrementos abusivos de estas rentas-, o que en cualquier momento los propietarios podrán recuperar la vivienda para residencia habitual sin necesidad de que se haya pactado en el contrato.

El sindicato entiende por tanto que "deben de ser otras las reformas que emprenda el Gobierno de España si quiere resolver el grave problema social que representa la pérdida de la vivienda y los desahucios". De ahí que considere la ILP para regular la dación en pago, la paralización de los desahucios y a favor de un alquiler social, como "una solución para el problema de miles de familias que pueden verse en la calle y con una deuda de por vida con las entidades bancarias, que anula cualquier proyecto de recuperación y crecimiento".

"Exigimos al gobierno de Rajoy que utilice su mayoría absoluta para tramitar esta ILP porque puede devolver la esperanza a muchas familias y que obligue a los bancos que van a ser rescatados con dinero público a paralizar los procedimientos de desahucios de las familias hipotecadas", asevera el dirigente sindical.

Por otra parte, Pérez reclama al Gobierno andaluz que cumpla la Ley de Derecho a la Vivienda y ponga "más recursos para la vivienda protegida y la rehabilitación" mientras que insta a las corporaciones locales a que "aseguren el funcionamiento de los registros y la elaboración de los planes municipales de vivienda, como les exige la Ley de Vivienda, además de garantizar la participación de los agentes sociales".

En este sentido, afirma que "CCOO no descarta exigir mediante reclamación judicial las correspondientes responsabilidades administrativas en que puedan incurrir los ayuntamientos que no elaboren sus planes de vivienda, ya que éstos son el instrumento para garantizar el derecho social a una vivienda digna y adecuada".