El Juzgado de lo Penal número 5 de Sevilla ha condenado a un año de cárcel a un hombre acusado de construir sin licencia municipal una nave de 30 metros cuadrados con porche en suelo no urbanizable de Lebrija pese al decreto de paralización inmediata de las obras dictado por el Ayuntamiento.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que el acusado, J.A.B., era propietario en 2009 de una parcela en el paraje 'El Alamillo' de Lebrija, parcela que se sitúa en suelo clasificado como no urbanizable de carácter natural o rural por el PGOU del municipio.

Así, sin pedir licencia al Ayuntamiento "y consciente de la imposibilidad de construir", el imputado estaba construyendo el 15 de julio de 2009 una explanada de hormigón y la cimentación de una nave de 30 metros cuadrados de superficie.

Tras detectar el Ayuntamiento las obras, dictó un decreto municipal de 20 de julio en el que ordenaba la paralización inmediata de la construcción, que además precintó. No obstante, el imputado continuó edificando y colocó la estructura metálica para una nave.

Posteriormente, el precinto municipal se puso en esa estructura y en una valla que delimitaba la parcela, pero el acusado lo quebrantó y siguió construyendo hasta terminar el edificio, que en abril de 2010 "estaba totalmente terminado" con el añadido de un porche de estructura ligera.

El precinto,

"de cachondeo"

La juez añade que la edificación "no es autorizable o legalizable" conforme al planeamiento municipal y califica de "inaceptable" que el acusado dijera que desconocía la ilegalidad de su actuación desde el principio, ya que "el hecho reconocido por él mismo de no haber solicitado licencia indica claramente la imposibilidad de su concesión y que le iba a ser denegada por tratarse de suelo no edificable".

Además, el acusado dijo que rompió el precinto "con el absurdo argumento de que pensaba que 'era de cachondeo'", añade la magistrada, quien acuerda además la demolición de la construcción a costa del procesado, "pues no existe otra manera de reponer el suelo y el medioambiente a su estado original".

La juez condena al acusado a seis meses de cárcel y el pago de una multa de 1.800 euros por un delito contra la ordenación del territorio y a otros seis meses de prisión por un delito de desobediencia, así como a la demolición de lo construido "sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe".