Pastor se desmarca del PP y reclama con PSIB y PSM la devolución de la modificación de la Ley de Función Pública

Vota a favor de una enmienda a la totalidad presentada por el PSM-IV-ExM y se abstiene en la enmienda a la totalidad del PSIB

El diputado del PP y alcalde de Manacor, Antoni Pastor, se ha desmarcado de su formación y ha votado finalmente a favor de la enmienda a la totalidad con petición de devolución presentada por el PSM-IV-ExM al Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Función Pública, que plantea que el catalán deje de ser un requisito para convertirse en un mérito en el acceso a la función pública, mientras que se ha abstenido en la otra enmienda a la totalidad con texto alternativo, presentada por el PSIB. Por su parte, los 'populares' han votado en contra de ambas iniciativas.

De esta forma, Pastor se ha desmarcado de la disciplina de voto de su partido, después de que el PP le hubiese advertido durante los últimos meses sobre la importancia de la "disciplina" en el grupo a la hora de adoptar "una decisión final" sobre el sentido del voto en la Ley de Función Pública, y, además, le había recordado que el requisito del catalán en el acceso a la función pública "estaba claramente en el programa electoral".

Cabe recordar que después de que el PSM-IV-EXM pidiese este lunes una votación secreta para que los parlamentarios decidan según "su conciencia" y que el PSIB demandase libertad de voto, la portavoz del partido en el Parlament, Mabel Cabrer, consideró que la votación no tenía que ser secreta sino "normal". Además, apeló a la "madurez democrática" y al "respeto a los afiliados y votantes del PP" por parte del diputado Antoni Pastor.

Diputados con lazos de apoyo al catalán

En un pleno en el que los diputados de la oposición mostraban en su ropa lazos de apoyo al catalán, la portavoz del PSIB en el Parlament, Francina Armengol, ha adelantado que, si en el 2015 se produce un cambio de Govern, esta ley "será la primera medida que cambiaremos los socialistas" para "restablecer el consenso".

Además, Armengol, quien ha criticado el "crimen cultural" que se producirá con la modificación de la Ley de Función Pública, ha citado los nombres del presidente del Govern, su vicepresidente y consellers, y ha considerado que estos siete nombres serán recordados en la comunidad por un "genocidio cultural" contra la lengua.

Por su parte, el conseller de Administraciones Públicas, Simón Gornés, ha recordado que esta medida estaba incluida en el programa electoral del PP y ha negado que los 'populares' vayan en contra del catalán o que pretendan "arrinconar" el catalán. Así, ha abogado por "trabajar por la no discriminación lingüística".

Lengua "normalizada en la administración"

Además, Gornés ha señalado que "la administración no puede tener preferencia por una lengua", sino que deben ser los ciudadanos los que escojan entre ambas, ha señalado. Asimismo, ha aclarado que "siempre puntará tener el catalán", lengua que está "absolutamente normalizada" en la administración de las islas, ha opinado.

Según ha hecho hincapié Gornés, la modificación de la normativa está relacionada con "la libre elección y con hacer normal lo que es normal en la calle", ha concluido durante su intervención.

Por su lado, el parlamentario del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Nel Martí, ha criticado que el Parlament balear vaya a "legislar contra la lengua de su país" y ha considerado que esta modificación de la Ley de Función Pública ocasionará que el catalán vuelva a una "situación de indefensión".

"materialización de la sustitución lingüística"

Según ha dicho el diputado econacionalista, el PP pretende "materializar la sustitución lingüística y hacer del castellano la lengua preferente en la administración. Además, ha explicado que la "única lengua obligatoria" en Baleares a partir de esta norma será el castellano y ha opinado que los 'populares' pretenden que el catalán vuelva a la situación que había antes del 1986.

Por parte del PP, el diputado Fernando Rubio ha remarcado que el Govern está cumpliendo un compromiso electoral y ha criticado la actuación de los grupos de la oposición por no haber sido capaces de consensuar una declaración institucional de condena a los actos de violencia contra el presidente, José Ramón Bauzá.

Asimismo, ha hecho hincapié en que su partido "representa los valores del regionalismo integrador", y, en este sentido, ha destacado que es la formación que más ha trabajado por el "reconocimiento e impulso de nuestras modalidades lingüísticas".

Cabe recordar que el PSM-IV-ExM y Més per Menorca había registrado una enmienda con la que proponía la devolución del proyecto de ley al entender que, el hecho de que el catalán pase de requisito a mérito en el acceso a la función pública, "es contrario a la oficialidad de la lengua catalana", así como a su condición de lengua propia de la comunidad que está establecida en el Estatut. Además, el PSIB presentó otra enmienda a la totalidad con texto alternativo.

El Consell de Govern del pasado 16 de marzo aprobó el Proyecto de Ley de modificación de la Ley de Función Pública, que establece, en carácter general, que el catalán dejará de ser un requisito para acceder a la función pública, para pasar a ser un mérito, con lo que se ha tenido que reformar algunos artículos de la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma y la Ley de Coordinación de Policías Locales.

Tras la reunión del Consell de Govern, celebrada en el Ayuntamiento del municipio menorquín de Alaior, el portavoz del Ejecutivo, Rafael Bosch, explicó que en todas estas normativas se modifica sólo aquello que hace referencia a la necesidad de acreditar un determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana para acceder a un puesto de trabajo, a excepción de la Ley de Normalización Lingüística, de la cual también se modifica el artículo que hace referencia a la toponimia.

Personas más cualificadas

Concretamente, recalcó que con esta reforma se pretende instrumentar las medidas necesarias para que los procesos selectivos permitan el acceso de las personas "más bien cualificadas y que superen las pruebas con más nivel en la Administración de Baleares, sin que la falta de la acreditación oficial de un determinado nivel de catalán sea, de entrada, un obstáculo".

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