El portavoz del PP en Ayamonte (Huelva), Alberto Fernández, ha lamentado este martes que el alcalde de la localidad, el socialista Antonio Rodríguez Castillo, imputado por un delito continuado contra la ordenación del territorio en la causa de las presuntas irregularidades urbanísticas en Isla Canela, por las que se encuentra imputado también el exalcalde, Rafael González (PSOE), además de técnicos municipales, esté "más preocupado por evitar la cárcel" que por gobernar el municipio ayamontino que, a su juicio, se encuentra "sumido en el más absoluto desgobierno".

En rueda de prensa, Alberto Fernández ha lamentado a su vez que el alcalde esté "más preocupado en defenderse que en sacar a Ayamonte de la crisis", indicando además que el PSOE "debe depurar responsabilidades porque se habla de un delito continuado contra la ordenación del territorio", así como que con estas imputaciones "se pone en tela de juicio el urbanismo de Ayamonte durante los últimos 16 años", por lo que se ha mostrado "muy preocupado".

Por todo ello, ha asegurado que IULV-CA, que se abstuvo en el pleno de investidura por lo que el PSOE gobierna en minoría con diez ediles, tendrá que posicionarse y "dar la cara a todos los ayamontinos por mantener a un alcalde imputado".

Una posición que ya ha confirmado el portavoz de IULV-CA en el Ayuntamiento ayamontino, Antonio Miravent, quien ha asegurado este mismo martes que su grupo se va a personar como acusación particular en la causa.

A su vez, Alberto Fernández ha explicado que esta causa se abre hace tres años a raíz de una denuncia que presenta él mismo en Fiscalía y ante la Dirección General de Inspección Urbanística de la Junta de Andalucía. Tras él, y según ha añadido el popular, Ecologistas en Acción presenta una denuncia que archiva la Fiscalía, sin embargo la Junta emite un informe por el que inicia un procedimiento de nulidad.

Tras este archivo por parte de la Fiscalía, el Seprona actúa de oficio "saltándose a la Fiscalía y acudiendo directamente al juez", el cual ordena la incautación de documentación urbanística en el Ayuntamiento de la localidad en febrero de 2011.