El consejero de Presidencia, Manuel Campos, ha subrayado que la futura estructura de la organización judicial que estará definida en la nueva reforma de la demarcación y planta judicial "no supondrá el cierre de infraestructuras judiciales y responderá a un diálogo en el que primará el consenso".

Durante la Jornada 'Planta y Demarcación Judicial de la Región de Murcia', organizada por el Consejo General del Poder Judicial, Campos ha explicado que "la reforma se encuadra dentro de un ambicioso proceso de transformación de la Justicia que, sin duda, contribuirá a su mejor funcionamiento".

Así, ha destacado que el Gobierno, el Parlamento, los municipios y todos los operadores jurídicos "habrán de participar en el proceso de reforma, formulando las propuestas que consideren oportunas, para su análisis y debate en el ámbito de la Comunidad".

Tras lo que ha recordado que "nuestro Estatuto de Autonomía atribuye a la Asamblea Regional fijar la delimitación de las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en la Región y la localización de su capitalidad, de acuerdo con lo que disponga la Ley Orgánica del Poder Judicial".

"El proceso de nueva demarcación y planta judicial indudablemente se hace hoy necesario para adaptar el mapa judicial a la nueva realidad demográfica, económica y social", ha dicho el titular de la Consejería de Presidencia, que ha señalado que esta reforma "dotará a la justicia de una nueva estructura organizativa y territorial basada en criterios de flexibilidad y eficiencia para lograr unos tiempos de respuesta razonables".

También ha subrayado que el objetivo final será "conseguir una justicia adaptada a las necesidades actuales que, con utilización de las nuevas tecnologías, llegue a colmar las aspiraciones legítimas de los ciudadanos de la Región a la tutela efectiva".

El consejero ha recordado que por Resolución de la Subsecretaría de Estado del Ministerio de Justicia de 8 de marzo de 2012, el Ministerio ha constituido una comisión de expertos que trabaja en los Anteproyectos de nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal, siendo compromiso del ministro de Justicia que el borrador se someta a la consideración y debate de las comunidades autónomas, antes de la remisión de los correspondientes Proyectos de Ley al Congreso, lo que ha sido valorado por Campos.