El Gobierno vasco ha aprobado este martes el primer decreto sobre víctimas de violencia de motivación política, que reparará económicamente —hasta con 390.000 euros— a quienes sufrieron la vulneración de los derechos humanos a través de abusos policiales por parte de funcionarios públicos durante los años 1960 al 1978.

El texto reconoce a los ciudadanos vascos que resultaron heridos y muertos en sucesos que se produjeron "en condiciones de impunidad y con clara intencionalidad política", de forma reiterada en su ámbito de aplicación durante el periodo predemocrático y en el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca o cuando, pese a haber acaecido fuera, la personas afectadas estuvieran domiciliadas en un municipio del País Vasco.

En concreto, el decreto considera violencia de motivación política aquella que se haya sido ejercida por funcionarios contra el ejercicio de los derechos de las personas, la realizada con la intención de influir en la sociedad, y la que se llevó a cabo en un contexto de impunidad, lo que dificultó, tanto la investigación de los hechos como el propio reconocimiento y reparación de las víctimas. Esto incluye a los integrantes de ETA Jon Paredes 'Txiki' y Ángel Otaegi, sentenciados por un consejo de guerra y fusilados en septiembre de 1975.

Casos excluidos

Sin embargo, no se admitirán los supuestos en los que el afectado se encontrara desarrollando alguna actividad violenta, incluso en los casos en el que fallecimiento o las lesiones se produjeran por actos dirigidos a evitar o repeler directamente dicha acción violenta. De esta forma, se excluye a los terroristas que murieron cuando manipulaban una bomba o fueran abatidos en un enfrentamiento con las Fuerzas de Seguridad.

Las indemnizaciones van desde los 390.000 euros por 'gran invalidez', los 1350.000 euros por 'fallecimiento', hasta las incapacidades permanentes que, según el grado, recibirán desde los 95.000 euros con un 'grado absoluto', hasta los 35.000 euros en 'grado parcial'.

El decreto se publicará en el Boletín Oficial del País vasco (BOPV) el próximo 19 de junio, por lo que afectados y familiares podrán solicitar estas ayudas a partir del 20 de junio, día en que el decreto entrará en vigor.

Contarán con un plazo de 18 meses para presentar las solicitudes —que serán atendidas en el orden de registro—, aunque el ejecutivo no descarta ampliar el plazo "si observa que las personas objeto de este derecho no han presentado sus solicitudes". "Este plazo no impedirá que se presenten casos", ha advertido la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia.

La Comisión de Valoración que examinará cada expediente y tramitará cada solicitud se constituirá en la segunda quincena de julio y estará adscrita a la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno vasco.

Estará presidida por la persona que ostenta la Dirección de Derechos Humanos, que actualmente ocupa Maixabel Lasa, y se reunirá de forma ordinaria al menos una vez al mes. Además, con una periodicidad semestral, la Comisión de Valoración informará de sus trabajos a la Comisión de Derechos Humanos y Solicitudes Ciudadanos del Parlamento vasco.

Rechazo a las críticas

En la presentación del decreto, la portavoz del Ejecutivo ha rechazado las críticas del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha calificado este decreto de "impresentable" al considerar que supone "equiparar a las víctimas".

Mendia ha afirmado que cree que el ministro "no ha leído" el texto lo que ha considerado "comprensible" porque no es su Ministerio quien ha hecho las alegaciones al Decreto del Gobierno vasco, sino el Ministerio de Hacienda que es quien tiene en su seno las competencias autonómicas. "La dirección de competencias autonómicas es quien ha estado en contacto con el Gobierno vasco a la hora de hacer las alegaciones", ha explicado.

Por ello, ha insistido en que el Decreto cuenta con el respaldo del Gobierno central porque la carta recibida a finales del mes de mayo "así lo estima", ya que incide en una serie de alegaciones que han sido recogidas por el Ejecutivo vasco, por lo que cree que han cumplido con lo que el Gobierno central exigía en sus escritos.

Ante las críticas sobre la "equiparación" de las víctimas, Mendia ha defendido que "las violencias son distintas, pero el sufrimiento es el mismo", ya que "todas las personas que sufren una violencia, sean del signo que sean, sufren igualmente".

Asimismo, ha expresado su "dolor" ante las críticas del ministro porque "un dirigente público debe estar perfectamente informado de todo lo que pueda tener incidencia en el ámbito de su actividad política". "Debería de haber sido informado", ha subrayado.

Por ello, ha invitado a Fernández Díaz ha ponerse en contacto con el delegado del Gobierno central en el País vasco, Carlos Urquijo, que está "perfectamente informado sobre esta cuestión".

Según ha resaltado Mendia, mediante la aprobación de este Decreto, el Gobierno vasco reconoce "la injusticia del sufrimiento de aquellas víctimas, como consecuencia de la vulneración de los derechos humanos derivadas de la violencia de motivación política acaecida, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, entre los años 1960 y 1978, así como la necesidad de acabar con el olvido institucional en que éstas han permanecido".

Además, declara su "firme voluntad de contribuir a paliar este sufrimiento", a través de las medidas de reparación que contempla, fijándose como límite la "no inclusión de supuestos en que la persona afectada se encontrara desarrollando actividades violentas, e incluso los casos en que el fallecimiento o las lesiones se produjeran por actos dirigidos a evitar o repeler dicha acción violenta".