La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, considera que es la Junta de Andalucía la que debe "arreglar el desaguisado" en torno al derribo de la construcción de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en la costa de Carboneras (Almería), ya que fue la Administración regional la que en el año 2004 cambió la planimetría de la zona "para permitir" la viabilidad del proyecto.

Tras reunirse en Madrid con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, la delegada ha mantenido que la Junta "posibilitó" lo que ahora "está hecho", por lo que es la que tiene "que ejecutar o solventar lo que los tribunales digan en sus sentencias".

"Es lo más lógico, lo más coherente y lo que les corresponde", ha señalado Crespo, dando así por inválido el convenio "sin naturaleza jurídica certera" que la entonces ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Rosa Aguilar, firmó con la Junta de Andalucía y en el que se preveía que el Gobierno central financiaría la demolición de la edificación, mientras que la Junta de Andalucía se haría cargo del desescombro y la gestión de los residuos.

A su juicio, que el Estado corra con los gastos del derribo es una cuestión "injustificada e injusta" porque fue la Administración autonómica la que "permitió esto". "Lo que está claro es que quien tiene que poner solución es la Junta porque fue la que cambió la planimetría en 2004 para que esto se hiciera", ha recalcado Crespo en declaraciones a los periodistas.

Asimismo, ha recalcado que el Gobierno central respetará "lo que establezcan los tribunales", que aún deben pronunciarse sobre varios recursos en torno a la construcción.