El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), César Tolosa, ha defendido este martes que el Estado de Derecho se caracteriza porque los poderes públicos "respetan y cumplen" las sentencias dictadas por los tribunales de Justicia.

Así lo ha manifestado Tolosa a preguntas de los medios sobre los planes del Gobierno central de modificar la Ley del Suelo para introducir un supuesto en las viviendas con sentencias de derribo, el de terceros compradores de buena fe.

Tolosa ha precisado que él es partidario de opinar sobre las leyes cuando tienen plena validez, esto es, a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Los planes del Ministerio de Fomento, de momento un borrador remitido a comunidades y ayuntamientos, suponen una reforma de la Ley del Suelo que promueven una nueva regulación relacionada con causa de imposibilidad legal de ejecutar sentencia, que afectaría tanto a actuales como a futuros fallos de demolición de viviendas.

Se plantea que hay supuestos que hacen que las sentencias sean inejecutable y se contempla el derecho de protección de compradores "de buena fe", que tras adquirir las viviendas se encuentran con planteamientos o licencias que las declaran ilegales.

Se fijan una serie de límites y cautelas, como que los inmuebles en cuestión no estén en territorios protegidos, zonas de dominio público o zonas de servidumbre también de dominio público.

En Cantabria, el Gobierno estima que prácticamente se podrían solucionar los supuestos de viviendas con sentencia de derribo, ya que no estarían dentro de las excepciones o límites que establece la ley. Es el caso de la urbanizaciones de Argoños, Escalante o Miengo, donde se podrían salvar prácticamente todas las viviendas, por encima de las previsiones del Plan de Derribos del Ejecutivo cántabro.

Pero en cambio, no se prevé que pueden sortear la demolición las urbanizaciones de La Arena, construidas en una zona afectada por el POL, el Plan de Ordenación del Litoral, o las urbanizaciones de Cerrias, ubicadas en una zona de servidumbre de protección, aunque la reforma de la Ley de Costas podría suponer la legalización de este tipo de viviendas.

En Cantabria hay 621 viviendas con sentencias de demolición repartidas por los seis municipios: Argoños, Arnuero, Escalante, Miengo, Piélagos y San Vicente de la Barquera.

En su 'Plan de Derribos', el Gobierno regional considera legalizables todas menos las 102 de La Arena, en Arnuero; 17 de Cerrias, en Piélagos; y entre 15 y 30 en Argoños.